La planta generadora de oxígeno medicinal, adquirida por la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín durante la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, se encuentra inoperativa en el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrió de la ciudad de Huancayo, causando un perjuicio económico de más de 3.5 millones de soles al citado nosocomio.
Así lo informó la
Contraloría General de la República que precisó que esta situación generó un perjuicio económico de 3 millones 524,000 soles debido a que los funcionarios responsables no gestionaron las acciones necesarias ni activaron la garantía correspondiente para que el bien cumpla su finalidad pública.
En el
Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 045-2025-2-2814-AC, que evaluó el periodo de junio de 2021 a marzo de 2025, se señala que la unidad destinada a producir oxígeno medicinal de manera continua para abastecer la alta demanda hospitalaria presentaba fallas desde su transferencia al hospital en diciembre de 2021, tales como el recalentamiento del motor y del compresor.
Debido a ello, se programaron mantenimientos correctivos e incluso el desmontaje de la planta, lo que implicó el retiro de componentes sin cumplir los lineamientos internos, agravando aún más su falta de operatividad.
A pesar de conocer reiteradamente estas fallas, los funcionarios del hospital no informaron a la DIRESA Junín —entidad responsable de coordinar con el proveedor las acciones de garantía previstas en el contrato original—, lo que ocasionó que la garantía venciera sin que se realizaran mantenimientos, reemplazos de componentes o la eventual sustitución del equipo. Como resultado, el establecimiento quedó sin una planta funcional en plena crisis sanitaria.
El
informe también detalla que solo en una oportunidad, en julio de 2022, la planta produjo 18 cilindros de oxígeno, cifra muy por debajo de la finalidad pública prevista, que era asegurar el suministro de oxígeno medicinal para pacientes con patologías respiratorias.
Además, se pagaron 90,000 soles por servicios de mantenimiento preventivo, a pesar de que la planta ya se encontraba inoperativa, lo que contravino los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud.
La Contraloría informó que cinco exfuncionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal por permitir el retiro irregular de componentes, autorizar mantenimientos sin resultados y no activar los mecanismos administrativos que habrían evitado la pérdida económica y asegurado el funcionamiento de la planta.
Asimismo, recomendó al hospital y a la Dirección Regional de Salud Junín implementar lineamientos claros y garantizar el cumplimiento de las normas internas sobre la gestión de bienes y equipos críticos.