El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, señaló hoy que el Gobierno de transición se compromete a dejar las finanzas públicas sanas para la siguiente administración gubernamental, y en esa línea, presentarán demandas de inconstitucionalidad sobre las nuevas leyes del Fonavi y negociación colectiva, aprobadas por el Congreso de la República, pues tienen iniciativa de gasto.
“Este Gobierno de transición se comprometió a dejar, el 28 de julio, las finanzas públicas sanas. El año pasado, debido a la crisis, la recaudación se cayó sustantivamente, el gasto público se elevó fuertemente y tuvimos un déficit fiscal de 9% del producto bruto interno (PBI), por lo cual nos endeudamos por alrededor de 18,000 millones de dólares”, explicó.
“Este año el Gobierno de transición y emergencia espera terminar con un déficit fiscal de 5% del PBI. Hemos reducido el déficit fiscal sin dejar de cuidar nuestras obligaciones básicas, como son la salud, la emergencia y la compra de vacunas”, agregó.
Sin embargo, Waldo Mendoza advirtió que en el horizonte hay grandes amenazas para las finanzas públicas, que no serán para la actual administración, sino para los futuros gobiernos.
“Haciendo uso de la institucionalidad peruana, que felizmente funciona bien, el Gobierno está dirigiéndose al Tribunal Constitucional para que declare ilegales dos iniciativas legislativas que son muy costosas”, indicó.
“Estamos yendo al Tribunal Constitucional porque queremos proteger el futuro del país, su estabilidad macroeconómica y que los gobiernos que vengan hacia adelante tengan cierta tranquilidad para manejar las finanzas públicas”, añadió.
Fonavi
El ministro manifestó que una de esas iniciativas legislativas es la que garantiza el cumplimiento del pago de la Ley del Fonavi.
“Para que se hagan una idea de este problema, en los años 80 y parte de los 90, trabajadores, empleadores y Estado contribuyeron al Fonavi, que era un fondo para hacer viviendas. Hace unos años se dio una ley para que se le devuelva plata a los trabajadores que habían cotizado en el Fonavi”, explicó.
“Se estuvo haciendo esa devolución, pero ahora se ha interrumpido porque acaba de salir una nueva ley del Fonavi, la cual dice que se debe devolver a los trabajadores no solo lo que ellos aportaron, sino también lo que el Estado y los empleadores aportaron”, dijo.
Waldo Mendoza recordó que, según el Tribunal Constitucional, para la devolución de los aportes del Fonavi la actualización de las cifras de los años 80 debería hacerse con la tasa de interés, y así se estuvo devolviendo el dinero.
“Pero ahora la nueva ley dice que se debe actualizar con la tasa de interés y también con la tasa de inflación, de tal manera que haciendo los cálculos lo que el Gobierno debería devolver a los trabajadores del Fonavi es un montón de plata, que no se puede expresar en soles, pero es casi 50 veces el PBI de China, o sea, que es una suma impagable”, sostuvo.
“Esa ley viola varios artículos de la Constitución, pero me concentró solo en el articulo 79, el cual dice que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, es decir, no puede proponer gastar un sol más. Por ello, el Gobierno está yendo al Tribunal Constitucional para declarar ilegal esa ley, porque de otra manera los gobiernos que nos siguen no podrán operar, ya que esa deuda no la podrán pagar ni en 500 años”, dijo.
Negociaciones colectivas
El ministro señaló que la otra iniciativa legislativa, por la que el Gobierno está yendo al Tribunal Constitucional, es la Ley de negociaciones colectivas, la cual también traería un alto costo fiscal.
“¿Qué pasa en el Estado peruano, en un municipio por ejemplo?, ahí puede haber una discusión entre el sindicato y la municipalidad, hay una negociación colectiva y supongamos que no se ponen de acuerdo. Entonces, se van a un laudo arbitral, donde casi siempre ganan los trabajadores, consiguiendo cosas increíbles, como que los hijos de los trabajadores tienen que ser contratados en ese municipio”, explicó.
“Es solo un ejemplo de como son estos laudos o acuerdos, y eso pasa en los municipios, empresas públicas, Sunat y en fin. El costo anual de esos arreglos desorganizados y arbitrarios, oscila entre 2,000 millones y 6,000 millones de soles al año”, agregó.
Waldo Mendoza reiteró que el Gobierno de transición y emergencia se comprometió a combatir la pandemia, reactivar la economía y garantizar elecciones transparentes, objetivos que se están cumpliendo.
Asimismo, el ministro señaló que el Gobierno continúa evaluando una eventual demanda de inconstitucionalidad respecto a la ley que autoriza a los afiliados a las AFP el retiro facultativo de hasta 17,600 soles (4 UIT) de sus aportes acumulados.