El Gobierno del presidente José Jerí publicó hoy el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM mediante el cual optimiza el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y Callao. La norma refuerza la estrategia nacional contra la delincuencia y el crimen organizado mediante el control territorial con tecnología satelital, nuevas restricciones en los establecimientos penitenciarios y participación operativa de cadetes de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas.
El referido decreto crea el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el comandante general de la Policía Nacional del Perú e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección Nacional de Inteligencia, así como los alcaldes de Lima Metropolitana y Callao.
El CCO conducirá las acciones integradas de seguridad y coordina patrullajes, operativos y dispositivos tácticos con el objetivo de restablecer el orden interno, reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Imágenes satelitales
Con el fin de fortalecer el control territorial, la normativa estipula que el Comité de Inteligencia empleará imágenes satelitales, drones y cámaras de videovigilancia públicas y privadas para identificar zonas de riesgo y orientar intervenciones precisas de las fuerzas integradas.
Además, el uso de algoritmos para reconocimiento facial y el cruce de información en una plataforma digital de interoperabilidad permitirán incrementar la capacidad de anticipación frente a actividades criminales.
De forma simultánea, un sistema unificado de datos concentrará información proveniente de comisarías, gobiernos locales y entidades del Estado, permitiendo que el CCO intensifique objetivos y metas en las zonas intervenidas.
Cadetes
De otro lado, el Decreto autoriza la participación de cadetes del último año de las escuelas de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional en labores operativas y administrativas dentro de las comisarías, bajo supervisión de sus superiores.
Asimismo, los cadetes de las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas realizarán marchas de campaña e instrucción en zonas determinadas por el CCO con fines de entrenamiento, presencia disuasiva y apoyo a actividades cívico-militares.
Más restricción en cárceles
En el ámbito penitenciario, la norma establece medidas estrictas de control a nivel nacional. Entre ellas, restricción de visitas, desmontaje de antenas de telecomunicación ilícitas, apagón eléctrico en celdas sin afectar la iluminación, incautación constante de teléfonos, chips, armas blancas y artículos prohibidos, traslado inmediato de internos peligrosos y rotación del personal penitenciario.
Estas acciones se complementarán con el monitoreo aéreo mediante drones y el control de acceso a los penales en presencia obligatoria de personal policial y militar. De igual modo, se intensifican inspecciones para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos inhibidores de señal en los establecimientos penitenciarios.
Del mismo modo, el Decreto faculta la ejecución de controles de identidad en inmuebles y vía pública, descerraje cuando resulte necesario, intervención de motocicletas con dos adultos, internamiento de vehículos con documentación adulterada, recuperación de espacios públicos vinculados a actividades criminales y operativos contra armas ilegales, pirotécnicos, drogas e insumos químicos.
Asimismo, Migraciones verificará y expulsará a extranjeros que infrinjan la normativa, mientras que el sistema de recompensas impulsará la captura de requisitoriados, extorsionadores y sicarios.
Incentivos
De otro lado, el Ministerio Público y el Poder Judicial adoptarán medidas para ampliar su capacidad de respuesta durante la emergencia y mejorar la rapidez en la atención de casos relacionados con criminalidad.
El decreto también establece incentivos y reconocimientos para los integrantes de las fuerzas integradas que destaquen por acciones determinantes para el cumplimiento de los objetivos del estado de emergencia.
Cabe indicar que el Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano y mantiene plena concordancia con el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, que declaró el estado de emergencia en Lima y Callao.
Con esta medida, el Gobierno del presidente José Jerí
reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y consolida una estrategia integral que incrementa la presencia del Estado en el territorio, fortalece el control del espacio público y combate de manera frontal la criminalidad y el crimen organizado.
(FIN) NDP/FHG
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Publicado: 7/11/2025