El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó hoy la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) y estableció sus objetivos para el 2030 de modo que la población tenga mayores capacidades y competencias financieras, además de un mayor acceso a servicios de calidad, sobre todo la ubicada en zonas sin cobertura bancaria.
Según el dispositivo, hasta el 2030 la población tendrá mayores capacidades y competencias financieras y mayores niveles de acceso y uso de servicios financieros de calidad.
De este modo, considera el incremento a 75% de población adulta con alguna cuenta en el sistema financiero. También prevé el aumento a 43% de la participación de la población adulta con algún crédito con baja probabilidad de incumplimiento, el incremento a 100% de la cobertura del sistema financiero y el aumento a 52% de los centros poblados con cobertura del servicio de internet.
Igualmente, prevé que con la PNIF se podrá entre otros aspectos:
Incrementar la participación de nuevos deudores de la mypes en los últimos cinco años.
Incrementar las transacciones de la población usuaria de programas sociales en el sistema financiero, en exceso a los requeridos para el retiro de las transferencias monetarias.
Incrementar la cobertura del sistema financiero privado.
Reducir la incidencia de reclamos presentados por los consumidores del sistema financiero.
Reducir la incidencia de denuncias y/o reclamos recibidos por las empresas del sistema financiero, admitidos en la vía administrativa.
Incrementar la participación de gobiernos locales que implementan acciones concretas, actividades o convenios para promover la inclusión financiera.
Expansión geográfica
Mediante el PNIF se fomentará la expansión geográfica de la red de atención del
sistema financiero, hacia las zonas donde la presencia de este sea escasa o inexistente, priorizando las zonas pobres, remotas y con menor densidad poblacional.
Esta expansión, agrega la norma, permitirá brindar el acceso de la población con menor acceso al sistema financiero de los distritos que a la fecha no cuentan con puntos de atención del sistema financiero e incrementar la disponibilidad de canales en aquellos distritos donde el acceso es aún insuficiente.
También detalla que es necesario fomentar el desarrollo de servicios financieros que sean próximos a la población, a través de un mayor y mejor acceso, que además, estén enfocados en satisfacer las necesidades de los distintos segmentos de la población.
“Se requiere no solo impulsar la innovación en la provisión de servicios de ahorro, que permita reducir los costos de acceso y de uso, sino también fomentar el diseño de productos de ahorro que sean atractivos, asequibles y accesibles, a fin de promover la transición de la población hacia el ahorro formal”, detalla.
Agrega que el diseño de servicios de ahorro que resulten atractivos y generen valor para la población, y al mismo tiempo, aseguren la rentabilidad necesaria para asegurar su sostenibilidad, constituye un reto importante para el sistema financiero.
“Más aun, considerando que los hábitos de ahorro y las necesidades financieras difieren entre la población, dependiendo de su ámbito de residencia, género y grupo etario. En este proceso, el uso de la tecnología se convierte en un importante aliado para facilitar la apertura de cuentas y reducir los costos de uso de estas”, precisa.
Infraestructura digital
El Decreto Supremo considera necesario desarrollar la infraestructura digital que permita crear y adoptar servicios financieros digitales, promoviendo el desarrollo de infraestructura que los soporten y hagan sostenibles, como sistemas de
identificación digital seguros y eficientes.
“La amplia y creciente implementación de nuevas tecnologías de la información viene repercutiendo en los innumerables servicios que se ofrecen a través de diferentes dispositivos”, considera.
Asevera que este escenario conlleva a cambios fundamentales resaltando la necesidad de desarrollar infraestructuras y tecnologías disponibles que sostengan nuevos modelos de negocio basados en servicios financieros digitales conforme vaya evolucionando el mercado.
Precisa que entre las iniciativas que se hacen indispensables se encuentra el desarrollo e implementación de mecanismos de identidad digital, lo cual permitirá facilitar el acceso a los servicios financieros. La identidad digital se define como un sistema o marco donde la identificación, autenticación y autorización se llevan a cabo de forma digital.
Agrega que la identidad digital conlleva a diversos beneficios tanto para las instituciones financieras como para la población.
“Es considerada como un componente que permite impulsar la inclusión financiera a través del acceso de nuevos clientes a servicios financieros dado que permite conocer mejor al cliente analizando fuentes de datos alternas a las tradicionales y establecer perfiles de riesgo crediticio con mayor información disponible”, refiere el dispositivo.
Asimismo, permite que la autenticación sea menos costosa para la población puesto que se realiza de manera automática, disminuyendo el tiempo del trámite al no acudir a una oficina para realizarla. Permite también evitar fraudes tras conocer la identidad de la persona con mayor precisión.
MEF hará seguimiento
También precisa que el MEF, a través de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera realizará el seguimiento de la PNIF, con información provista por los ministerios intervinientes, siendo este Ministerio el órgano responsable de remitir los reportes de seguimiento y evaluación ante el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
Asimismo, las entidades del Estado que se encuentran bajo el ámbito de la presente norma, brindarán información a la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, a fin de realizar el seguimiento y evaluación de la implementación de la PNIF.
El decreto supremo precisa que la PNIF regirá desde el día siguiente de su publicación hasta el 31 de diciembre de 2030.
También precisa que el MEF, en un plazo máximo de 180 días calendario, contados desde el día siguiente de la vigencia del presente decreto supremo, aprobará el Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional de Inclusión Financiera mediante decreto supremo, para cuya formulación debe contar con la participación de los demás Ministerios, conforme a sus funciones y competencias.
Avance insuficiente
La norma reconoce que la inclusión financiera en el Perú es aún insuficiente y baja en relación a niveles internacionales, lo cual constituye un problema público debido a que restringe la contribución del sistema financiero al crecimiento económico, a la productividad y competitividad, y a la reducción de la pobreza y las desigualdades.
“Es innegable que se han logrado avances importantes en los últimos años; por ejemplo, entre el 2015 y 2018, la proporción de adultos con al menos una cuenta en el sistema financiero se incrementó de 29% a 38% (ENAHO 2015 y 2018) y la correspondiente a créditos pasó de 30% a 33% entre el 2013 y 2018 (SBS, 2018). No obstante, estas cifras revelan que un gran porcentaje de la población, concentrada principalmente en los segmentos más vulnerables, no tiene participación en el sistema financiero”, señala.
Agrega que la razón de los bajos niveles de inclusión financiera no solamente radica en el insuficiente alcance de los servicios financieros, sino también en la falta de adecuación de estos a las necesidades reales de la demanda.
Publicado: 5/8/2019