El Poder Ejecutivo, a través de un decreto legislativo, estableció el fortalecimiento del servicio de la defensa pública gratuita a favor de las personas que no cuenten con recursos económicos y en situación de vulnerabilidad.
El dispositivo, publicado en el boletín de Normas Legales del
Diario Oficial El Peruano, fue emitido en el marco de la delegación de facultades otorgadas por el Legislativo por 60 días, en diversas materias.
Según el decreto legislativo, el servicio de defensa se otorgará a las personas investigadas, procesadas o condenadas por los delitos contra administración pública contenidos en los artículos 382 al 401 del
Código Penal.
Asimismo, el servicio de defensa pública se presta con un enfoque intercultural, respetando y haciendo respetar en todas las instancias el derecho a la igualdad y no discriminación, “el idioma y el derecho a un intérprete, la cosmovisión, costumbres y prácticas ancestrales de las personas”.
Funciones
El Decreto Legislativo 1407 establece como funciones del servicio de defensa pública brindar asesoría técnico legal y patrocinio gratuito, así como brindar una asistencia pericial forense y de trabajo social a los defensores públicos.
Además, brindar los servicios relacionados con los mecanismos alternativos de solución de conflictos en los casos que la ley señale; y establecer los mecanismos de verificación de la capacidad socioeconómica de las personas que soliciten este servicio.
También diseñar y mantener programas de información al público sobre los derechos de las personas y las garantías constitucionales, así como las condiciones y modos para acceder al servicio.
De otro lado, establece que el beneficio de gratuidad del servicio se puede dejar sin efecto cuando se comprueba que la persona incurre en falsedad de la información proporcionada sobre su situación socio económica o cuando contrata una defensa privada.
(FIN) JCC/CCR
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Publicado: 12/9/2018