Gracias a la intervención de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el comerciante Sandro de la Cruz, de 36 años de edad, fue condenado hoy por el Juzgado Penal Colegiado de Cañete a 20 años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de 100,000 soles por haber asesinado a su esposa Ana María Flores Zelarayán.
Luego de un proceso de casi 11 meses, los jueces Romel Flores Santos y Edmundo Guillén sentenciaron a Tomás de la Cruz por el delito de feminicidio tipificado en el Código Penal, donde se determinan las circunstancias de violencia familiar, hostigamiento y acoso sexual.
La abogada de la víctima, defensora pública María Luz Alvarado Huari, logró obtener, además, la reparación civil a favor de Dionisia Zelarayán Guinea, de 65 años, madre de Ana María Flores.
La defensora sostuvo que el delito no solo había generado zozobra e inquietud a la familia, sino también había truncado un proyecto profesional de vida y privado a la madre de la víctima (enferma de diabetes) de su único sustento.
El feminicidio se produjo el 7 de julio de 2017 en San Vicente de Cañete, cuando Sandro de la Cruz irrumpió en la Cooperativa de Ahorro de Santa María Magdalena, donde la víctima trabajaba como administradora, y la asesinó con un arma de fuego.
Estos hechos se produjeron ante numerosos testigos, incluyendo efectivos policiales, quienes llegaron rápidamente al lugar ante el llamado de los empleados de la cooperativa, según se detalla en el atestado policial.
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