La perspectiva positiva de la minería ofrece al Perú una oportunidad inédita para abordar sus problemas estructurales e impulsar la actividad económica de forma duradera, afirmó el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La coyuntura favorable en los mercados globales otorga al país el espacio fiscal y operativo adecuado para implementar reformas profundas antes de que el ciclo internacional de los metales modifique su rumbo positivo, destacan en un informe los economistas Moya Chin y Giovanni Ugazio, junto con la asesora Sonia Muñoz, del Departamento del Hemisferio Occidental de la entidad multilateral.
En esa línea, la revisión anual del FMI respecto a la economía peruana muestra que canalizar los ingresos hacia una inversión pública más eficiente podría impulsar de forma permanente el crecimiento potencial hasta en un punto porcentual.
Este horizonte halagüeño requiere traducir la bonanza extractiva en un verdadero catalizador de los desembolsos privados y de la productividad general a fin de que el desarrollo sea inclusivo, equitativo y diversificado.
La transición energética global y la acelerada demanda de cobre y oro para la infraestructura de inteligencia artificial mantienen elevados los términos de intercambio de la nación.
El flujo continuo de divisas fortaleció los equilibrios fiscales y externos del país, lo que situó los índices de confianza económica y del consumo privado en sus niveles más altos registrados desde la pandemia.
Los analistas advierten que la verdadera prueba para las políticas macroeconómicas no radica en aprovechar las cotizaciones temporales, sino en garantizar una senda de expansión sólida cuando los valores internacionales ya no impulsen la economía.
En 2025, la economía peruana expandió su producto bruto interno (PBI) 3.4%, por lo que se situó a la cabeza de los países comparables en la región gracias a las cotizaciones récord de sus principales exportaciones mineras.
Este dinamismo confirma que los indicadores de impacto anticipado reflejan un entorno favorable para la actividad económica, el consumo y los flujos de capital.
No obstante, el rendimiento reciente contrasta con los severos retos estructurales de ejecución del gasto público, en los que las municipalidades y gobiernos locales —encargados de administrar la mayor parte del canon— afrontan serias dificultades técnicas para concretar obras y se ven forzados a ejecutar recursos en ciclos políticos cortos.
Esta ineficiencia institucional debilita la confianza de la ciudadanía e impide reducir una brecha de infraestructura que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula en 100,000 millones de dólares.
Entre 2002 y 2014, las cotizaciones de las materias primas se multiplicaron por más de 5, lo que permitió un incremento promedio del 6% anual e irradió progreso hacia sectores no mineros, como la agroindustria, el turismo y los servicios.
Aquel avance fue respaldado por sólidas reformas: reglas de responsabilidad fiscal, metas de inflación, liberalización comercial y privatizaciones que elevaron la productividad total de los factores. Sin embargo, a partir de 2014 el impulso reformista se estancó dentro de crisis políticas recurrentes.
Acciones
En la actualidad, el sector extractivo representa más del 10% de la inversión privada total, pero carece de la capacidad intrínseca para generar por sí solo un desarrollo sostenible a largo plazo.
La pobreza alcanza a más del 25% de la población y la informalidad laboral supera el 70%, niveles prácticamente idénticos a los observados en 2012.
El diagnóstico del FMI subraya que las regulaciones laborales y tributarias distorsionadas frenan el crecimiento empresarial, lo que restringe la penetración de mercado y el alza de escala.
A esto se suma el incremento de la inseguridad ciudadana y de la inestabilidad política, variables que elevan el costo de oportunidad para el capital privado.
Paralelamente, destrabar la vasta cartera de inversión minera —evaluada en 63,000 millones de dólares o 18% del PBI— exige simplificar trámites burocráticos y contener la minería ilegal vinculada al crimen organizado, la cual amenaza la seguridad formal y resta cuota de mercado a las operaciones reguladas.
Asimismo, profundizar la intermediación financiera resulta un paso clave para apalancar proyectos privados y mejorar la resiliencia operativa del sector no extractivo.
Fuerza laboral
El mercado laboral enfrenta un reto estructural de absorción productiva que trasciende la bonanza macroeconómica coyuntural.
Si bien el flujo extraordinario de recursos derivados de los minerales fortalece la renta nacional y estimula el consumo agregado, el dinamismo de la contratación formal se halla severamente limitado por fricciones institucionales.
La dificultad para transferir las ganancias de productividad del sector extractivo hacia actividades urbanas y rurales con alta demanda de mano de obra perpetúa un entorno en el que la mayoría de los asalariados carece de protección social y estabilidad. Esta vulnerabilidad se acentúa por barreras que impiden la consolidación de emprendimientos privados sostenibles.
El avance incesante de la minería no regulada posterior a la pandemia introduce un factor disruptivo en la dinámica del empleo regional.
Este fenómeno debilita la gobernanza local, fragmenta las cadenas de valor formales y altera las estructuras salariales al competir de forma desleal con las empresas corporativas debidamente establecidas.
Superar este deterioro exige implementar medidas orientadas a reducir los costos de formalización, ampliar la penetración de crédito hacia unidades de negocio con capacidad de escalar y garantizar condiciones de orden público. Solo mediante un marco regulatorio ágil y predecible será posible incentivar decisiones de contratación formal y a largo plazo en beneficio de los ciudadanos.
Publicado: 30/7/2026