El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, participó en la conferencia de los Martes Democrático, espacio de análisis jurídico y político donde se abordó la constitucionalidad y legalidad de la Ley 32107 sobre lesa humanidad.
Durante el encuentro, el titular del Parlamento lideró la jornada y destacó el rol de juristas y oficiales de las Fuerzas Armadas que sustentaron la vigencia de la norma ante el Tribunal Constitucional (TC), lo que permitió ratificar su carácter constitucional tras un proceso de debate.
Subrayó que el Congreso impulsó la
Ley 32107 tras un amplio intercambio de posiciones y que el TC la declaró plenamente válida. En ese contexto, sostuvo que
la norma representa un hito en la defensa del principio de legalidad y cuestionó la resistencia de sectores del sistema judicial a aplicarla.
“No podemos permitir que sigan inaplicando las leyes que aprueba el Congreso y que, en este caso, el Tribunal Constitucional considera plenamente constitucionales. Sin embargo, continúan desacatándolas con pretextos que no tienen ningún asidero jurídico”, afirmó Rospigliosi.
Explicó que la Ley 32107, que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, publicada el 9 de agosto de 2024, reconoce principios ya existentes en el derecho penal moderno y recordó que su defensa ante el TC permitió despejar cuestionamientos sobre su aplicación.
Participantes y sus posiciones
El presidente interino del Congreso resaltó el trabajo de los expertos que expusieron “de manera brillante y enjundiosa” los fundamentos que llevaron a confirmar su constitucionalidad. A la par, advirtió que la suspensión del juez Raúl Justiniano, quien aplicó la norma en un caso concreto, evidenció presiones indebidas dentro del sistema judicial.
En la citada conferencia participaron los generales en retiro Jorge Aquiles Carcovich Córtez y Miguel Estrada Jiménez; los abogados Aníbal Quiroga, Carlos Caro Coria y el especialista en Derecho Penal y Constitucional Luis Alberto Pacheco Mandujano, quienes desarrollaron argumentos técnicos sobre el alcance de la ley y su interpretación conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Aníbal Quiroga afirmó que la discusión revela un problema estructural en la interpretación de la ley penal. “El principio de legalidad establece que nadie puede ser sancionado por hechos que no estaban previstos claramente en la ley. Si este principio se debilita, se afecta el Estado de derecho”, señaló, al tiempo que explicó los alcances temporales del Estatuto de Roma y la imposibilidad de aplicar retroactivamente la imprescriptibilidad.
A su turno, Carlos Caro enfatizó que el debate debe centrarse en la legalidad penal y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Según indicó, la imprescriptibilidad solo rige desde la entrada en vigor de los tratados internacionales correspondientes y no puede proyectarse hacia hechos anteriores. “La legalidad no es una salida trasera; es una regla esencial del sistema”, puntualizó.
Por su parte, Estrada Jiménez sostuvo que las Fuerzas Armadas actuaron entre 1980 y 2000 en defensa de la Constitución y de la sociedad frente a la violencia terrorista. Mientras que Pacheco Mandujano advirtió que quebrar el principio de legalidad “implica el derrumbe del Estado de derecho” y Carcovich Córtez respaldó la necesidad de respetar la jerarquía normativa y las decisiones del TC.
(FIN) NDP/HTC/JCR
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