La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Puno inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de contaminación ambiental agravada tras verificar que las aguas de los ríos Ocuviri y Huarucani, la quebrada Lluchusani y otros, que forman parte de la cuenca hidrográfica Llallimayo, reciben vertimientos mineros de la empresa Arasi.
Un equipo de fiscales —incluido el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, fiscal superior Frank Almanza— constató la calidad del agua de la cuenca en el área de trabajo de la unidad minera Arasi, perteneciente a la empresa minera Aruntani S.A.C., ubicada en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, departamento de Puno.
Los fiscales verificaron la existencia de una poza de acumulación y contención de aguas, en la cual se observó la existencia de una tubería de 6 pulgadas con llave a través de la cual se realizaba —de forma continua— el vertimiento directo de aguas ácidas al río ubicado en la quebrada Lluchusani.
Sin autorización
Tras la inspección se comprobó que el referido vertimiento no contaba con la autorización de la Autoridad Local del Agua, por lo que dicha acción sería ilegal, toda vez que la tubería se encontraba camuflada con la finalidad de no ser detectada.
Además, se recabó muestras del agua para medir parámetros de campo y se constató que las aguas tenían un alto contenido ácido, con conductividad y demanda bioquímica de oxígeno que superaba los estándares de calidad ambiental establecidos por ley. En ese contexto, se evidenció que se trataba de aguas contaminadas que impactan de manera grave la calidad de agua de la cuenca Llallimayo.
Se evidenció también que la contaminación generada a los ríos que conforman la cuenca Llallimayo afecta la salud de la población de dos provincias del departamento: Lampa (distrito de Ocuviri) y Melgar (distritos de Llalli, Umachiri y Ayaviri). Esta contaminación estaría afectando a la población infantil, así como las labores agrícolas y pecuarias.
La FEMA de Puno continuará con las investigaciones en contra de funcionarios y trabajadores de la empresa Aruntani S.A.C. y requerirá informes técnicos para verificar la reincidencia de infracciones ambientales.