La extorsión a empresas de transporte urbano que genera lesiones o consecuencias fatales se sancionará con hasta cadena perpetua, advirtió el magistrado de la Corte de Lima Walther Huayllani Choquepuma.
“La extorsión busca obtener dinero de forma indebida, a través de la violencia o amenaza que se ejerce sobre otra persona, para que esta otorgue una ventaja económica o de cualquier otra índole al sujeto que lo requiere. Es una forma fácil de ganar dinero para los delincuentes porque se aprovechan del miedo y vulnerabilidad de los ciudadanos”, indicó.
Magistrado de la Corte de Lima Walther Huayllani Choquepuma.
“Considero que exigir a una empresa de transportes de servicio público el pago de una ventaja indebida es, sin duda, materia de delito de extorsión, pues las empresas cumplen reglas administrativas y brindan servicio público; y aquella persona que obstaculice la actividad de estas empresas, no solo afecta al empresario sino afecta a la ciudadanía que hace uso de este servicio”, señaló.
Remarcó que la extorsión no solo es unilateral contra la empresa, sino que se convierte en un acto reflejo y afecta a un sector importante de la población.
Sostuvo que en el acto extorsivo si se emplean armas de fuego y se dan consecuencias fatales como la muerte persona o las lesiones graves, la pena puede ser de cadena perpetua; asimismo, cuando se empleen a menores de edad, el castigo es el mismo.
El magistrado precisó que las penas por delito de extorsión en la modalidad simple o básica, se sanciona con diez a quince años de cárcel; y cuando existe el uso de artefactos explosivos, se sanciona con 15 a 25 años de prisión.
Sostuvo, además, que si en la extorsión, participan dos o más personas, la sanción es no menor de 15 ni mayor de 25 años de prisión.
“La máxima de la experiencia señala que estos actos extorsivos a empresas de transporte no solo los realiza una persona, sino que un conjunto de personas con actos distribuidos: para hacer llegar mensajes, activar artefactos explosivos, entre otros”, afirmó.
El magistrado instó a las empresas y a la ciudadanía a no acatar el pago de esas esas ventajas indebidas, pues ello genera una cadena de actos que no concluye.
Se debe dar parte, consideró, a las autoridades con la reserva debida y estos intervengan y el Poder Ejecutivo dar las condiciones necesarias para que el transporte urbano y e interprovincial no sea suspendido, por eso, “debemos ser bien férreos y firmes denunciando estos actos”.