El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Alfonso Medrano, propuso la contratación de jueces y fiscales ad hoc, para que puedan impartir justicia sin temor a ser amenazados por el crimen organizado y las bandas delincuenciales que operan en la región La Libertad.
De acuerdo a su propuesta, estos magistrados especiales podrán investigar, juzgar y acusar a organizaciones criminales de alta peligrosidad que asolan a La Libertad.
El representante del gremio empresarial estima que durante la primera etapa del estado de emergencia (primeros 60 días), que inició el 14 de febrero, se perdieron 100,000 soles diarios. La prohibición de las eventos y reuniones sociales entre las 00:00 y 04:00 horas impedía que alrededor de 200,000 personas salgan a divertirse.
Ello afectó principalmente a los locales que ofrecen diversión nocturna como restaurantes, discotecas, bares, hoteles, taxistas. También se vieron afectados los grupos musicales de diversos géneros de la ciudad.
“El sector turismo representa el 2.5 % del Producto Bruto Interno (PBI) de La Libertad y ha sido el principal afectado con las restricciones por el estado de emergencia. Los dueños de estos locales me pedían que nos pronunciemos y por eso solicitamos reunirnos con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Por fortuna se nos atendió el pedido”, sostuvo.
Delincuentes migran a otras provincias
Para Medrano, el estado de emergencia no ha generado los resultados esperados en cuanto a la captura de los criminales que afectan a los ciudadanos. Incluso alertó que los delincuentes se están moviendo a otras provincias que no se encuentran en estado de emergencia. Según la policía, durante los primeros 60 días se registraron solo 6 asesinatos y un solo intento de secuestro.
Aseveró que la inseguridad ciudadana genera pérdidas entre 80.000 y 100,000 soles mensuales al sector agroexportador, debido al robo de maquinaria, insecticidas, camionetas, y arándanos, paltas y espárragos.
“Como sector económico contribuimos con mejorar la calidad de vida de los pobladores de Virú. Colaboramos con la Policía Nacional del Perú (PNP), construimos colegios, centros de salud, pero aún así seguimos siendo víctimas de la delincuencia todos los días entre las 21:00 y 04:00 horas del día siguiente”, aseguró.
La minería ilegal
La minería ilegal es otra de las actividades ilícitas que se están mudando a otras provincias de la región. Mineros ilegales de Pataz están moviendo sus huestes hacia Sánchez Carrión y Otuzco, donde también se practica esta ilícita actividad, pero a una escala menor.
“Pataz representa el 13 % del PBI de La Libertad (por su producción de oro) y la onza del mineral cuesta 2,300 dólares, por eso es un negocio que atrae a los mineros informales y se estima que existen 500 minas informales, de donde se sacan entre 6 a 7 onzas por volquetada de mineral. Es un negocio de 150 millones de soles mensuales y con eso se pueden comprar jueces, fiscales, autoridades, policías, entre otros”, retrucó.
Los atentados de las mafias de mineros ilegales a las empresas auríferas formales han dejado hasta el momento 10 muertos. Sin embargo, la cifra podría ser mayor se contabilizan los accidentes que ocurren dentro de estos socavones informales, donde los que operan no cuentan con sistemas de seguridad.