En una región caracterizada por la desigualdad, las deficiencias de los sistemas de transporte público impactan de forma desproporcionada en los más vulnerables. Solamente el 43% de la población de América Latina y el Caribe tiene acceso conveniente al transporte público, y sus usuarios gastan 70% más tiempo en el desplazamiento al trabajo comparados a quienes utilizan vehículos privados (en promedio, 70 y 42 minutos, respectivamente en la región).
Desde una perspectiva ambiental, el sector de transporte lidera las emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades, lo que vincula estrechamente la acción climática en áreas urbanas a los cambios en la movilidad. De hecho, la movilidad urbana ha ganado relevancia en la agenda de distintos gobiernos locales y nacionales, con enfoque en la electrificación de los vehículos de transporte público.
En ese contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) considera a la electromovilidad como dinamizadora de un Gran Impulso para la Sostenibilidad, dado que la transición energética en el sector también abre oportunidades de crecimiento económico en distintas cadenas productivas.
El stock regional de buses, microbuses y similares, en parte producidos internamente, supera los 2.7 millones de unidades, y reporta un crecimiento superior a los 5% anual en las últimas décadas.
Sin embargo, ¿cómo asegurar que este cambio hacia la electromovilidad sea una oportunidad para un desarrollo urbano verdaderamente más sostenible? y ¿cómo asegurar que la agenda de movilidad urbana no esté dominada solamente por un tema de cambio de tecnología de los vehículos?
Fin de un modelo
Para la Cepal el fin del modelo basado en combustibles fósiles requerirá una serie de ajustes en la forma como se organizan los sistemas de transporte público, lo que representa, afortunadamente, una oportunidad para repensar la planificación urbana y promover un enfoque integral de la política de movilidad, de acuerdo con informe publicado en el Diario El Peruano.
Las características de los buses eléctricos, como el mayor costo de adquisición y el menor costo de operación, sugieren la necesidad de evolucionar hacia sistemas de movilidad pública más estructurados, con plazos de concesiones más largos y que requieren mayor capacidad de inversión.
En definitiva, la necesidad de adaptar nuevos modelos de negocios que estimulen la entrada de actores con mayor disponibilidad de capital y con la capacidad de ofrecer mejores condiciones de servicio.
Ello deberá estimular el debate sobre el financiamiento de los sistemas públicos de movilidad y la composición de las tarifas.
Hay que recordar que el transporte público enfrentaba una crisis de demanda que fue agravada por la pandemia, y encara un dilema entre la creciente necesidad de subsidios, que en algunas ciudades de América Latina ya se acercan a una décima parte del presupuesto local, y la compleja viabilidad política y social de equilibrar las finanzas por medio de ajustes en las tarifas.
Es imposible descuidar que, excepto para el 20% más rico de la población, el gasto en transporte público se acerca al 5% del presupuesto de los hogares, subraya la Cepal.
Experiencia local
En el caso peruano el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (Promovilidad), estudia la exitosa experiencia de Chile respecto a electromovilidad, a fin de comenzar a sentar las bases de una política pública en favor del cambio de matriz energética para el transporte urbano masivo en el país.
En ese contexto, la primera semana de este mes se llevó a cabo el “Encuentro virtual para el intercambio de experiencias en materia de electromovilidad Perú–Chile”, organizado conjuntamente por Promovilidad, la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC; además de la Subsecretaría de Transportes y el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), entidades adscritas al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del país sureño.
En ese encuentro, los funcionarios chilenos detallaron los pasos seguidos en su país para la implementación de la electromovilidad en el transporte urbano, especialmente en los aspectos contractuales, financieros, regulatorios y operacionales.
Por su parte, la directora ejecutiva de Promovilidad, Carolina Lenkey, indicó que el Perú está iniciando su camino hacia el cambio de matriz energética. Explicó que los avances del vecino país en electromovilidad servirán de base para ir delineando políticas y planificar acciones, adaptadas a la realidad peruana, que requerirán, primero una articulación intersectorial, y luego una coordinación directa con municipios provinciales.
En ese encuentro también participaron representantes de la Autoridad de Transporte Público para Lima y Callao (ATU), la Municipalidad Metropolitana de Lima y municipalidades provinciales.
Desafíos técnicos y financieros
Los desafíos técnicos y financieros de los sistemas refuerzan la importancia de gestionar la movilidad también a partir del ordenamiento urbano, que es, fundamentalmente, el determinante de las necesidades de viaje, señala la Cepal.
Considera que Los gobiernos locales, incluso aquellos que no gestionan directamente el transporte público, tienen la facultad (y la oportunidad) de implementar políticas de gestión de suelo y diseño urbano que definen la ubicación y las características de los polos receptores y atractores de viajes.
La electromovilidad ha colocado el transporte público en el centro de la agenda política. Más que viabilizar un cambio tecnológico, América Latina y el Caribe debe aprovechar la transición para integrar diversas agendas urbanas, logrando que sus ciudades adopten modelos de ocupación que disminuyan la necesidad de desplazamientos motorizados e incentivando que el transporte público sea la opción preferente de gran parte de la población, asevera.
Datos
- Promovilidad tiene vigente un convenio marco de cooperación interinstitucional con 28 municipios provinciales para trabajar articuladamente a fin de implementar sistemas integrados de transporte, bajo un enfoque de movilidad sostenible.
- El avance de la electromovilidad permitirá al Perú cumplir con los acuerdos internacionales suscritos como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, la OCDE, entre otros.
- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones desarrolló en 2019 el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (Promovilidad), que fomenta la movilidad urbana sostenible y sistemas integrados de transporte público en hasta 30 ciudades.
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