En Perú, el desempleo es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la población. Según informa el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el desempleo en Perú se situó en 6.6 % de la Población Económicamente Activa en el trimestre abril-junio del presente año, tasa similar a la del mismo período del 2023. Esto implica que muchos peruanos están en búsqueda activa, una labor nada sencilla.
Ante una oferta laboral limitada, las personas que buscan empleo quieren destacarse en las etapas de selección y conseguir una oportunidad de insertarse en el mercado de trabajo. Pero en esta tarea es posible que se recurra a prácticas deshonestas.
De acuerdo con la firma Midot, en Perú por lo menos 25,000 candidatos fueron descartados durante el proceso de reclutamiento por haber incurrido en actos contraproducentes, como falsear datos en el currículum o en la entrevista de trabajo. Esto representa un 17% de un muestreo de 150,000 aspirantes, cuyas evaluaciones fueron analizadas con la prueba IntegriTEST para determinar si las personas con los estándares mínimos de integridad laboral, y finalmente el 17% fue evaluado como “No recomendados” para el puesto.
De acuerdo con el Reporte de Integridad Latam de Midot, firma especializada por más de 40 años en el desarrollo e implementación de soluciones para evaluar integridad, los peruanos en promedio califican por debajo de los 80 puntos en temas relacionados con:
Veracidad de la información: 71 puntos.
Apego a normas en el trabajo: 77 puntos.
Tolerancia en el servicio: 72 puntos.
Cabe mencionar que las pruebas fueron aplicadas para vacantes en las áreas de administración, comercial y legal.
Fernando Calderón, Managing Director de Midot Latam, menciona que siempre es recomendable realizar evaluaciones que ayuden a seleccionar a los candidatos mejor calificados y aptos para las empresas. “Las evaluaciones previas a la contratación, o cuando forman parte de la plantilla, permite prevenir el desarrollo de comportamientos inadecuados e incluso de accidentes laborales”, refirió.
Al no realizar una evaluación sobre la integridad de los candidatos, aumenta la posibilidad de vivir actos contraproducentes que impactan directamente en pérdidas para las organizaciones, tanto económicas como a nivel reputacional.
En su informe de Fraude Ocupacional del 2024, la Asociación de Certificadores de Fraude (ACFE por sus siglas en inglés) estima que las afectaciones económicas en promedio para las empresas en la región de Latinoamérica y el Caribe son de 250,000 dólares, es decir, alrededor de 930,000 soles.
“A veces la organización asume erróneamente que no se necesita una verificación respecto a la integridad de la persona, sobre todo en niveles superiores. Es una realidad que entre mayor jerarquía se tenga en la empresa más daño puede causar un colaborador, esto es una ‘razón de peso’ para hacer una evaluación que permita identificar desde un posible comportamiento deshonesto, hasta la inteligencia emocional del candidato", explicó el director.
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(FIN) NDP/GDS
GRM
Publicado: 7/9/2024