Desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se alista una directiva para implementar una política de "neta y clara austeridad" en el uso de los recursos del Estado, anunció esta tarde el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola.
De esta manera, el titular de la PCM respondió a los cuestionamientos sobre el gasto que significa para el Estado la asignación de vehículo, combustible y personal de seguridad para los exministros Alejandro Salas y Alexandra Herrera.
Indicó que su despacho ha remitido hoy un oficio a todos los ministerios para que informen inmediatamente cuál es el uso que se está dando a los vehículos, las características y montos que demanda esa asignación; así como la regulación del uso que depende de cada sector.
"Sin embargo, desde la Presidencia del Consejo de Ministros preparamos una directiva para racionalizar este servicio, para modificar seguramente sus alcances, y para tener una política de neta y clara austeridad en el uso de recursos del Estado", indicó.
Otárola garantizó que se controlará, racionalizará y limitará el uso de los recursos públicos.
El jefe del Gabinete Ministerial se refirió también a la reunión que sostuvo con el ministro de Educación, Óscar Becerra, quien se habría mostrado a favor de salirse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al respecto, Otárola aseguró que ha quedado clara la agenda pública del Gobierno de respeto a los derechos fundamentales y a los convenios internacionales suscritos por Perú.
En cuanto al anunciado paro en regiones del norte del país, Otárola Peñaranda sostuvo que la paralización es un derecho ciudadano, pero que felizmente las medidas adoptadas no han sido violentas. Además ratificó que el Poder Ejecutivo espera conversar con el gobernador de Tumbes sobre la agenda de desarrollo de su región.
Por otro lado, el jefe del Gabinete Ministerial rechazó que en la PCM exista una supuesta red criminal que proteja o permita la contravención de normas de integridad.
Dijo, asimismo, que Silvio Carbajal Zegarra, trabajador del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), dejó de pertenecer a la PCM al día siguiente del informe de Panorama sobre una supuesta red interna que negocia proyectos mineros.
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