Por Gabriel ValdiviaEl presidente ejecutivo de Devida, Ricardo Soberón, detalla los alcances del Pacto Social Ciudadano, aprobado con el fin de consolidar el desarrollo integral y sostenible de los productores de las zonas de intervención en el Vraem que participan voluntariamente en la reducción focalizada de cultivos ilícitos de coca.
–¿Cuál es la situación actual de la relación entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) con las comunidades del Vraem? Entendemos que el enfoque tiene un componente social y productivo renovado, ¿cómo marcha este trabajo?
–En estos cuatro meses hemos desarrollado acciones para dar las seguridades necesarias tanto a las comunidades nativas de Ucayali como al propio Ayacucho y Junín acerca del interés de Devida de proteger la integridad territorial frente a los evidentes intentos de invasión, infiltración y penetración de las organizaciones criminales del narcotráfico, pero también de productores de coca vinculados con el narcotráfico.
–Ustedes han trabajado en torno a un pacto social; ¿cómo se traduce esta propuesta que está en línea con la política del Gobierno nacional de acercamiento a las comunidades?
–Efectivamente, hemos visitado todo el Vraem para poner en conocimiento de la población involucrada la propuesta del Gobierno de plantear un Pacto Social Ciudadano. En el marco de esta propuesta, queda claro que no podemos competir numéricamente con las cifras del narcotráfico. No es dinero lo que vamos a ofrecer. Un aprendizaje basado en 30 años de acompañamiento a estas organizaciones es lo que ellos necesitan. El Pacto Social Ciudadano debe ser entendido como un proceso permanente de diálogo y participación ciudadana con los pobladores de la selva alta que estén dispuestos e interesados en trabajar con el Estado de derecho.
–¿En términos de reducción de tierras de cultivo ilegal de coca hay un objetivo anual propuesto o uno proyectado en un plazo mayor?
–El objetivo central de este Pacto Social Ciudadano es lograr, a julio del 2023, una cifra simbólica importante, que son 1,000 hectáreas de coca reducidas de forma gradual, concertada y pacífica en el Vraem. Sin embargo, la propuesta final es reducir en cinco años de gobierno hasta 5,000 hectáreas.
–¿Cómo se afectó el trabajo de erradicación y sustitución durante la pandemia? ¿Cuánto se expandió en esta etapa?
–Una de las consecuencias del covid-19 sobre la dinámica del narcotráfico es que lo obligó en términos globales a mirar del océano Pacífico –desde donde salía la droga hacia Europa o Estados Unidos– hacia la Amazonía. Tenemos suficientes evidencias, no solamente en el Perú, sino sobre todo en Brasil, de que se han desplegado una serie de rutas fluviales, aéreas e incluso terrestres de pasta base de clorhidrato de cocaína que tienen como destino final no solo el Brasil y el cono sur, sino también a África occidental, como punto intermedio para llegar a Europa.
Eso ha llevado a que el Vraem se encuentre en esta crisis de precios y estamos ante nuevos escenarios cocaleros que pueden ser peligrosos como son los de Ucayali, en la selva central. Queremos aprovechar esta oportunidad para reducir 1,000 hectáreas de coca a lo largo y ancho del Vraem. Esto, además nos va a servir como un piloto para generar mayores recursos ordinarios del presupuesto de la República y de la cooperación internacional.
–¿Falta mejorar la articulación entre algunos sectores del Estado para lograr mayores avances?
–El trabajo de Devida, a nivel de sus ejecuciones directas y las transferencias financieras que hace a los gobiernos locales para trabajar tanto en la actividad del cacao como en la acuicultura o la apicultura es bien reconocido por la población. Lamentablemente, no es así respecto de otros sectores del Estado. Por eso, en el marco del Pacto Social Ciudadano queremos empaquetar cinco servicios básicos de cinco sectores como son el Minam, Midis, Midagri, MTPE y el propio Devida, pues resultan fundamentales.
–¿Qué se busca ofrecer con estos servicios?
–Si bien es cierto no podemos competir con el narcotráfico, sí podemos brindar desde el Estado un servicio más oportuno, coherente y articulado. Estamos firmando convenios con tres de estas instituciones para empaquetar esta canasta de servicios, de manera que podamos entregarla a aquellos que decidan abandonar y erradicar la coca de forma voluntaria.
–Este marco legal que garantizan tiene también efectos en lo económico, ¿se puede hablar de rentabilidad?
–Totalmente, sobre todo si es que podemos hacer un ejercicio de contabilizar económicamente lo que le significa a un ser humano trabajar en un marco de legalidad y de Estado de derecho versus lo que implica trabajar en un contexto de ilegalidad con el narcotráfico, bajo la amenaza de ser perseguido y encarcelado y con el riesgo de no poder disfrutar de manera formal los beneficios de una economía legal.
–¿Las actividades productivas que Devida impulsa en sustitución de los cultivos ilegales de coca están acompañadas de un mercado final para sus productos lícitos?
–Históricamente, Devida ha mirado la problemática de la agricultura en selva alta de cara a la parcela, a la asistencia técnica y se lograron mejoras en la productividad. Es el caso del cacao, que mientras los productores están en 800 kilogramos por hectárea, nosotros llegamos a más de 960 kilogramos. Eso significa mejorar la cadena de valor de un producto determinado, pero eso significa también que no hemos visto a los mercados con la misma intensidad y hay necesidad de hacerlo para garantizar rentabilidad a los que sustituyan cultivos.
(FIN) DOP
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Publicado: 7/4/2022