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Deuda social al magisterio debe cobrarse sin acudir a Poder Judicial [entrevista]

Plantea Edgar Ochoa, congresista de Nuevo Perú

ANDINA/Vidal Tarqui

ANDINA/Vidal Tarqui

07:38 | Lima, may. 25.

Por Percy Buendia

La deuda social al magisterio, incluidos los casos de cosa juzgada, sobrepasa los 3,500 millones de soles, sostuvo el legislador, quien presentó un proyecto para que se paguen las obligaciones a los maestros sin necesidad de recurrir al Poder Judicial.

¿Cuáles son las características de su propuesta de declarar de interés nacional el pago de una deuda social a los maestros?

–Este es el proyecto de ley Nº 2504, del 2017. El objetivo es que, mediante esta iniciativa, se disponga el pago de la deuda social magisterial, ya sea por bonificación especial mensual, preparación de clases o bonificación adicional por desempeño, pero sin la exigencia de la sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada.

¿Por qué razón? El Estado ha reconocido a los maestros el derecho de una bonificación porcentual por planificación de clases. Sin embargo, después se les retiró. Entonces, si te dio un derecho, el sentido común y el sentido legal es que no deberíamos emprender un proceso judicial para ejercerlo.

Lo que pretende este proyecto de ley es garantizar que el Estado pueda desarrollar diferentes procesos de carácter administrativo para que establezca cuánto se le debe sin necesidad de que cada docente vaya al Poder Judicial.

Es engorroso acudir al Poder Judicial…

–En los miles de casos en los que el maestro acudió al Poder Judicial perdió el Estado, que inventó un procedimiento para dilatar el ejercicio de este derecho.

Con esta premisa, se generó una complicación administrativa porque el tesoro público debe generar recursos para el Poder Judicial, los gobiernos regionales y las UGEL, con el fin de llevar un proceso de defensa que saben que perderán.

¿Qué hacer para agilizar estos pagos?

–Deberíamos ir a un punto de determinación en que el Estado establezca un criterio administrativo para cuantificar la deuda. Está claro que los maestros y maestras pueden esperar el pago, eso es lo que están haciendo. En consecuencia, lo único que queda es que diga cuándo comenzará a abonar.

El problema no es hacer un juicio para que comience a pagar mañana, sino es que reconozca que ya tiene una deuda, ejerza un proceso de administración por función y determine cuánto le debe al profesor, y sobre esa base elabore el calendario correspondiente.

Además, estos procesos se han convertido en un mecanismo en el que el docente vulnera sus derechos a estos recursos, porque al no contar con dinero para el proceso judicial empeña un porcentaje de esta deuda a sus abogados. 

¿Cuál es el monto de la deuda social y a cuántos profesores se les debe?

–El monto de la deuda social nacional al magisterio, incluidos aquellos como cosa juzgada, sobrepasa los 3,500 millones de soles. Mientras, la deuda social general suma aproximadamente 6,000 millones de soles. Acá se incluye a los diversos sectores como Salud, Agricultura y otros.

¿Por qué no se agiliza este proyecto?

–En las comisiones congresales correspondientes se debe priorizar porque reivindica el papel del Estado respecto a su servidor público. Reivindica la responsabilidad que tiene el empleador respecto a sus trabajadores. La sensación de abandono se reduce.

La confiabilidad se incrementa. Y lo que necesitamos es generar confiabilidad para dar estabilidad y gobernanza al país, que es lo que menos tenemos.

El impacto político sería altísimo para beneficio del Estado, representado en el Ejecutivo, porque recuperaría esta percepción del trabajador sobre el trato que se les brinda y el Gobierno subiría a 60% en términos de aprobación.

¿En qué instancia está su proyecto?

–El proyecto aún no se debate en la Comisión de Educación del Congreso. Pero, ya en el contexto de deuda social, el Estado generó tres mecanismos de pago en caso de cosa juzgada.

El primero establece que los gobiernos regionales pueden usar hasta un 0.5% de sus recursos para efectos de pago de deuda social.

Hay disposiciones que señalan que los saldos presupuestales anuales, debida y oportunamente gestionados, podrían servir para esta obligación. Figura también un pago extraordinario que se fija en la Ley de Presupuesto que son producto de las negociaciones colectivas.

Nosotros presentamos el proyecto de ley Nº 0654, en 2016, el que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Justicia. 

La iniciativa declara de interés nacional el reconocimiento y el pago de la deuda social por preparación de clases y evaluación docente en el sector Educación y prioriza a las personas mayores de 65 años y a las que tienen una enfermedad terminal.

El Estado ha reconocido que empieza a pagar, aunque muy poco, a personas que tienen sentencia de cosa juzgada. Pensamos que se debe cancelar primero a los cesantes y a los docentes con enfermedad terminal.

El dictamen está a disposición de la mesa directiva del Congreso.

Formación continua


Édgar Ochoa impulsa el proyecto de ley Nº 2847, que plantea que los gobiernos regionales con canon usen estos recursos para fortalecer las capacidades profesionales de los docentes.

En la actualidad, recordó, los fondos se destinan a investigación e infraestructura, además de las transferencias a las universidades e institutos tecnológicos.

“Queremos que las regiones en un sistema educativo descentralizado empiecen a impulsar la formación continua de sus docentes desde el ámbito local. Así, acercamos la educación a un contexto de pertenencia cultural local y elevamos la calidad de la enseñanza”.

El país ganará en eficiencia de gasto y logrará beneficios para los maestros y alumnos de los colegios públicos.

Lengua de señas


En la Comisión de Educación se aprobó por unanimidad el proyecto de ley Nº 1585, denominado ley que modifica la Ley Universitaria, que incluye el conocimiento de la lengua de señas peruana como un requisito alternativo para optar al grado de bachiller.

“Para acceder al grado de bachiller se exige que el alumno, terminado su proceso de creditaje, debe conocer una lengua originaria o una lengua extranjera”, recordó Edgar Ochoa, autor de la iniciativa.

La lengua de señas peruana, refirió, es originaria; por lo tanto, es un derecho que las universidades la incorporen a las carteras de oportunidades para sus alumnos.

(FIN) PBQ-DOP/MVF

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Publicado: 25/5/2018
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