En todo el Perú, solo 8 gobiernos regionales tienen en funcionamiento una oficina o área especializada en prevención y gestión de conflictos sociales, alertó hoy la Defensoría del Pueblo, como parte de su labor de supervisión respecto a la conflictividad a escala nacional.
Las regiones que cuentan con dichas oficinas son Arequipa, Ayacucho, Loreto, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. “Estas oficinas han sido formalizadas a través de una norma de creación o incorporadas en los reglamentos de organización y funciones”, añadió la Defensoría.
Sin embargo, de estas 8 oficinas, solo 2 cuentan con personal especializado en gestión de conflictos.
La institución explicó también que el Gobierno Regional de Piura cuenta con una Comisión para la Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, en la que participan diferentes gerencias regionales, pero no constituye una oficina.
“Por su parte, los gobiernos regionales del Callao y Lima cuentan con oficinas especializadas en la prevención de conflictos laborales, pero no abordan otros tipos de conflictos sociales”, informó la Defensoría.
Conflictividad no atendida
La situación es preocupante al verificar que en los 10 departamentos que concentran el 68 % de los 209 conflictos sociales, registrados por la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, “solo 2 gobiernos regionales (Loreto y Puno) cuentan con una oficina especializada en la materia”.
Si bien los conflictos sociales vinculados a la gran y mediana minería están enmarcados dentro de las competencias del Gobierno nacional, estos impactan en las economías locales, detalló la institución. “Sus jurisdicciones son el espacio de las protestas, algunas de ellas muy violentas, y la legitimidad de sus autoridades no está a salvo del rumbo que tome el conflicto”.
Tendencias crecientes
Respecto a las demandas presentadas en los conflictos sociales en el último mes, en el 31 % los gobiernos regionales o locales tienen competencia para atenderlas y se refieren principalmente a la prestación de servicios públicos, transparencia e integridad, protección del medio ambiente, erradicación de actividades ilegales, entre otros.
Ahora bien, existen 23 conflictos sociales por asuntos de gobierno regional y de gobierno local en los que se cuestiona directamente su gestión pública.
En ese sentido, “para la Defensoría del Pueblo es necesario implementar y fortalecer oficinas especializadas en prevención y gestión de conflictos sociales en los gobiernos regionales, atendiendo a las tendencias crecientes de la conflictividad social, no solo en número sino en intensidad”.
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(FIN) NDP/CCH
Publicado: 21/9/2022