La Defensoría del Pueblo solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al Ministerio Público evaluar el contenido de los audios de la reunión que sostuvo la presidenta del Congreso, Lady Camones, congresistas de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) y el candidato y líder de esa organización política, César Acuña.
Para esta institución, los audios “revelarían una intención de utilizar el poder público en favor de intereses políticos particulares, hecho que transgrede las normas éticas que deben guiar los procesos electorales”.
En ese sentido, insta al JNE a que -conforme a sus atribuciones- evalúe la situación a la luz de la normativa referida a la neutralidad electoral aplicable a los funcionarios y servidores públicos, así como del Pacto Ético Electoral, aplicable a los candidatos y candidatas.
“De igual manera, se invoca al Ministerio Público a realizar las investigaciones correspondientes para calificar los hechos conocidos y proceder, de ser el caso, según sus atribuciones”, indica esta institución en un pronunciamiento.
Advierte que el Pacto Ético Electoral, suscrito también por Alianza para el Progreso, incluye entre sus compromisos “practicar los valores y principios democráticos y constitucionales, antes, durante y después del proceso electoral.
Supervisión electoral
En el marco de la supervisión electoral, la Defensoría del Pueblo informa que viene realizando acciones de promoción para la observancia de la neutralidad a través de sus 40 sedes defensoriales y gestionando las quejas sobre presuntas violaciones a las prohibiciones y obligaciones en las diferentes entidades públicas a nivel nacional.
Del mismo modo, recuerda que a altos funcionarios y funcionarias públicas les corresponde desarrollar sus acciones en estricto cumplimiento de los estándares de la ética en la función pública, especialmente en los principios de integridad, bien común, institucionalidad y democracia.
“Hacemos un llamado a todas/os las/los candidatas/os y organizaciones políticas a cumplir con los compromisos asumidos en el Pacto Ético Electoral, sin perjuicio de que lo hayan suscrito o no”, refiere.
En otro momento, la Defensoría precisa que la Constitución reconoce el derecho a la participación política en condiciones de igualdad, y como parte de ello es deber de todos los funcionarios y funcionarias públicas observar el deber de neutralidad electoral.
Precisa que la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley del Código de Ética de la Función Pública, el Código Penal, el Decreto Supremo n.° 082-2022-PCM y la Resolución n.° 0922-2021-JNE imponen la prohibición de realizar actos que favorezcan o perjudiquen una determinada candidatura u organización política durante el desempeño de la función pública.
Sin embargo, advierten que existen aún deficiencias en la regulación para el cumplimiento de este deber, razón por la cual instaron al presidente del Consejo de Ministros y a la presidenta del Congreso a regular adecuadamente la observancia de la neutralidad en ambos poderes del Estado en sus normas internas y el Código de Ética Parlamentaria.
(FIN) FHG
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Publicado: 5/9/2022