La Defensoría del Pueblo exhortó a las municipalidades y al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), a fiscalizar y sancionar la falta de accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad.
Esta situación quedó en evidencia durante la alta movilidad de asistentes registrada en los
Juegos Panamericanos 2019 y que se repetirá durante los Juegos Parapanamericanos 2019, que iniciarán este viernes 23 de agosto.
La entidad señaló que, a pesar de la normativa vigente, el método de desplazamiento de las personas con discapacidad es a pie (53.6 %), seguido del transporte público (38.2 %), y otros que se ven obligados a utilizar el servicio de taxi (28.6 %), que les genera una alta carga económica, ya que en una salida llegan a pagar un mínimo de S/.40 (ida y vuelta), monto elevado en comparación al transporte público.
Al respecto, Malena Pineda, Jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, manifestó “los juegos Parapanamericanos deben llevarnos a tomar conciencia sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad día a día en nuestro país y la obligación del Estado de eliminarlas”.
Además, destacó el derecho que tiene la población con discapacidad de asistir a eventos deportivos de todo tipo, por lo que necesitan un medio de transporte adecuado.
“En cuanto al
transporte público es necesario renegociar los contratos con las concesionarias solicitando la accesibilidad en todo el sistema de transporte, mientras que en el transporte brindado por empresas privadas es necesaria una mayor fiscalización y sanción ante la falta de accesibilidad”, añadió.
Asimismo, se reafirmó la importancia de capacitar a conductores y al público en general con respeto a los derechos de las personas con discapacidad. En el caso del entorno urbano las municipalidades deben asegurar que las calles y avenidas sean accesibles para todos los ciudadanos.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, vigente en el Perú desde el 2008, obliga a los Estados a adoptar medidas que aseguren el acceso en igualdad de condiciones al entorno físico y urbano, al transporte y a los servicios públicos.
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(FIN)NDP/ARC/LIT
JRA
Publicado: 21/8/2019