Con el objetivo de garantizar una educación superior inclusiva, la Defensoría del Pueblo supervisó a 62 universidades licenciadas por Sunedu, a nivel nacional, en temas de accesibilidad, servicios y capacitación docente en beneficio de estudiantes con discapacidad.
En su calidad de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD), advirtieron la falta de capacitación a personal docente y administrativo sobre educación inclusiva.
Malena Pineda, jefa del Programa de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, señaló que, en el 2021, se registraron 6,972 estudiantes con discapacidad matriculadas/os en el sistema universitario.
En ese sentido, la finalidad de la supervisión es verificar la calidad de la educación inclusiva para brindar igualdad de oportunidades a las y los estudiantes con discapacidad durante el retorno progresivo a la presencialidad.
Una de las barreras detectadas es la decisión de algunas universidades de requerir la presentación del carné o resolución emitida por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) para proceder a brindar los ajustes razonables a estudiantes con discapacidad.
Asimismo, los planes de bienestar universitario y las bolsas de empleo universitarias no consideran como prioridad a las y los estudiantes con discapacidad.
También mencionó que el diseño e implementación de los procesos de admisión universitarios excluyen a la población sorda, al no considerar la inclusión de intérpretes en lengua de señas en las acciones de difusión y promoción de la oferta educativa.
Además, señaló que capacitar al personal docente y no docente en educación inclusiva es una obligación de las universidades para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a ajustes razonables, adaptaciones metodológicas y curriculares.
Así como a servicios psicopedagógicos y de salud mental, acompañamiento docente y tutoría, todo ello como parte de la real activación de la nueva política sobre servicio educativo superior de calidad, planteada desde el año 2020 por el Ministerio de Educación.
Pineda recordó que la Ley Universitaria obliga a las universidades a adaptar todos sus servicios para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad.
Por otra parte, el informe destacó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que, a través de un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Salud, es la única universidad pública que cuenta con un centro de salud mental comunitario al interior de su campus.
De igual manera, la Defensoría del Pueblo continuará supervisando al sistema universitario, a fin de que se garantice la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad que pretendan postular o continuar sus estudios.