La Defensoría del Pueblo rechazó el anunciado
y denunció graves irregularidades que ocurren desde el año 2010 entre la Municipalidad de Lima y cuatro empresas concesionarias en perjuicio de los usuarios.
En un comunicado, la Defensoría advirtió que dichas irregularidades facilitan la aplicación unilateral de incrementos arbitrarios de la tarifa que se cobra a los pasajeros.
Por ejemplo, mediante addendas se ha suprimido la posibilidad de sancionar a las concesionarias por establecer un pasaje que exceda el precio máximo de las fórmulas contractuales. Anteriormente, la penalidad era de 20 UIT (S/ 83 000) hasta un máximo de 30 días a cada concesionario.
Debido a este hecho, en el año 2014 y pese a las protestas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, las concesionarias aumentaron el pasaje de S/ 2,00 a S/ 2,50 y aunque se anunciaron denuncias penales y procesos arbitrales en contra de la empresa, a la fecha no hay ningún resultado a favor de los usuarios.
Otra de las graves deficiencias contractuales es que la municipalidad y las empresas han postergado la fecha de inicio de la concesión de manera indefinida, prolongando excesivamente la etapa de pre-operación desde el año 2010 a la actualidad.
Para culminar la etapa de pre-operación se requiere la entrega de la totalidad de las obras de infraestructura programada por parte de la municipalidad. "Durante ocho años las empresas se han beneficiado de cambios en el contrato que perjudican a los usuarios y al Estado", sostiene la Defensoría.
Otro ejemplo es que la municipalidad sólo puede imponer sanciones con fines meramente educativos ante la mala operación de los buses.
Por ello, la Defensoría del Pueblo considera inaceptable que la propia municipalidad haya aceptado suspender la aplicación de sanciones por incumplimientos y anular la posibilidad de imponer sanciones por el cobro de un pasaje irregular.
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(FIN) NDP/RRC