Un plan integral con grandes alcances y acciones específicas que logren debilitar la imparable ola de crímenes de género, planteó la decana del Colegio de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero
“Si bien es cierto el Gobierno está priorizando una de las intervenciones políticas públicas más importantes contra la violencia hacia la mujer, esta debe actuarse integralmente con el sector Salud, con enfoque en el control y actuación inmediata en salud mental", anotó.
La jurista sostuvo que el aumento de la tasa de feminicidio es consecuencia de una sociedad violenta donde un gran porcentaje de la población, agresores y víctimas, se encuentran lesionados psicológicamente desde quizás la niñez o adolescencia.
Portocarrero opinó que no basta con financiar nuevos módulos judiciales, u órganos jurisdiccionales penales, defensorías públicas o centros de emergencia.
Lo que se necesita, a su juicio, es intervenir drásticamente en los hogares del país, realizando un censo sobre violencia familiar y mujer, obtener un mapeo específico sobre posibles casos o reincidencia de violencia, crear un mecanismo de alerta temprana el cual debe ser observado y monitoreado.
“El Colegio de Abogados de Lima y el Poder Judicial han iniciado un proceso de auxilio para la víctimas de violencia contra la mujer e integrantes de la familia, a través del botón verde, y sería una excelente opción de incluirlo en las prioridades del gobierno”, comentó.
Finalmente, recordó que la violencia basada en género es una agresión ilegítima, que no solo se encuentra sancionada en todas las legislaciones, sino que además está definida y sancionada en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém de Pará).
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(FIN) NDP/ART
Publicado: 24/11/2019