El alcalde de la municipalidad distrital de San Jerónimo, Máximo Rimachi Morales, y cuatro funcionarios de esa comuna, permanecen detenidos y son investigados por la Policía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, tras ser sorprendidos ebrios en una camioneta de propiedad de la municipalidad.
La
intervención se produjo pasada las 22:00 horas del miércoles 8 de abril en la asociación provivienda Virgen del Rosario, luego que
vecinos alertaran sobre el uso del vehículo municipal estacionado. Posteriormente la unidad vehicular, la autoridad y los funcionarios fueron conducidos a la comisaría de San jerónimo.
El general PNP Virgilio Velásquez Hurtado, jefe de la Región Policial Cusco, informó que el personal de investigación y delitos halló dentro del vehículo de placa de rodaje EAI-463, marca Toyota, modelo Hilux, latas y botellas de cerveza, clara evidencia del posible delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso.
Conforme a los protocolos,
Rimachi Morales y cuatro funcionarios, entre ellos una mujer, que serían de la oficina de Relaciones Públicas, fueron trasladados a pasar exámenes médico legales y dosaje etílico que arrojó positivo para la prueba cualitativa, para cuatro de ellos.
Durante la madrugada, la autoridad y trabajadores fueron dispuestos ante la Policía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada para las diligencias.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Manuel Mayorga Zárate, confirmó a su vez, el uso de la camioneta, patrimonio del Estado “se realizan diligencias urgentes, inaplazables, la fiscal del caso está realizando la visualización de los videos de seguridad para determinar el tránsito del vehículo”.
El magistrado dijo, asimismo, que se pide informes a las oficinas administrativas correspondientes a disposición de quién y cuál era el motivo de uso del vehículo. El magistrado también dijo que el conductor de la unidad, habría sido el único que no tenía indicios de haber bebido.
Por último, mencionó que el delito de peculado de uso puede ser sancionado hasta con cinco años de pena privativa de la libertad, y que por ahora se analiza una posible solicitud de prisión preventiva de la libertad.