La comunidad El Álamo, ubicada en el distrito de Yaguas, provincia loretana de Putumayo, fue elegida por la Corte Superior de Justicia de Loreto para la instalación de un juzgado de paz, que ayudar a reducir los gastos que realizan los pobladores de esta zona considerada una de las más pobres de la región.
Sostuvo, además, que existen brechas sociales y geográficas que hacen sumamente difícil el acceso a los servicios públicos por parte de la población, entre ellos, el de justicia. Situación que ha motivado a esta
Corte impulsar el pronto funcionamiento de un juzgado de paz en el distrito de Yaguas para garantizar la atención permanente a la comunidad.
Como parte del reconocimiento y recojo de información de la localidad donde se instalará el Juzgado de Paz, la comitiva constató la grave situación social del distrito de Yaguas, además del precario estado de los puestos de vigilancia fronteriza y policial.
La Corte indicó que la carencia de carreteras evidencia el aislamiento en esta jurisdicción; sin embargo, la incomunicación en su localidad del Álamo llega a un nivel extremo por la falta de conectividad a Internet y telefonía. Condiciones adversas que enfrentan los pobladores, aquejados además por la pobreza y el abandono.
A saber, el Álamo pertenece al distrito de Yaguas, el más pobre de Loreto, conforme reporta el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2022). Tal es así que el 61 % de sus habitantes se encuentra en situación de pobreza y/o pobreza extrema.
Al mismo tiempo, la población vive en constante zozobra por la presencia del narcotráfico y criminalidad organizada. Pese a que esta provincia se encuentra en estado de emergencia desde hace varios años, dicha declaratoria es letra muerta, al no darse una inversión sostenida y periódica para los operativos militares y policiales que contengan la expansión de delitos y convulsión social en esta zona.
Según la Corte de Loreto, un reporte de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) informó que, al 2022, Loreto alcanzó a concentrar el 53 % del total nacional de sembríos de coca, con 50,000 hectáreas cultivadas de las 95,008 hectáreas existentes en el Perú.
Agregó que durante la visita se conoció que las casetas de la vigilancia fronteriza y policial, construidas con caña y tabladillos de madera, estaban en severo deterioro.
En igual precariedad, se hallaron sus mobiliarios y equipamiento. Un penoso escenario que demostró la negligente desatención a nuestras fuerzas encargadas de luchar contra dichos flagelos y las sofisticadas acciones delictivas ejecutadas, principalmente, por grupos de la narcoguerrilla.
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