La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ratificó su resolución que dispone archivar en el Congreso de la República la acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por el caso “El Frontón”.
La medida inicial,
emitida en febrero pasado, comprende a los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña, investigados en el Congreso.
Dichos magistrados fueron denunciados por once miembros de la Marina de Guerra en situación de retiro bajo el argumento de que cambiaron la orientación de uno de los votos (del exmagistrado Juan Vergara Gotelli) de una sentencia del 2013, según la cual se establecía que en el develamiento del motín en el penal El Frontón, en 1986, no hubo delito de lesa humanidad.
La resolución de la Corte IDH también declaró inadmisible las solicitudes presentadas por el Estado del Perú contra su fallo del 12 de abril de 2018, que disponía archivar la investigación, tras señalar que sus decisiones son “inimpugnables”.
Por su parte, el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinoza-Saldaña, explicó que esta resolución ratifica que los magistrados no actuaron bajo ningún condicionamiento político o mediático.
“Por hacer nuestro trabajo en un caso que todavía está en trámite, no podemos ser procesados por el Congreso”, sostuvo.
El magistrado hizo hincapié en que no debe haber una lógica de enfrentamiento, sino de colaboración y coordinación, en el cual cada organismo haga su trabajo para preservar los derechos de todas las personas.
“Aquí no hay ninguna intención de nosotros contra el Congreso, ni ellos contra ellos, hay perspectivas distintas (…) hay que seguir adelante y hay casos importantes por ver y muchas responsabilidades en la defensa de los derechos ciudadanos”, dijo.
Estos magistrados sostiene que no cambiaron el sentido del fallo del exmagistrado Vergara Gotelli, sino que corrigieron un error.
Abogado de exmarinos
Por su parte, el abogado de un grupo de
exmarinos involucrados en el caso El Frontón, Humberto Abanto, indicó que esta
resolución es un “pésimo precedente”, pues de esta manera “jueces constitucionales pueden dejar sin efecto sentencias firmes”.
“Para nosotros toda la ruta esta terminada, queda en manos del Estado peruano definir si la sentencia es ejecutable o no, desde el punto de vista que la Corte Interamericana no puede ordenarle a un cuerpo colegiado que tiene autonomía como el Congreso, que ejecute una determina acción (…) estamos en una situación muy compleja”, dijo.
(FIN) JCR/FHG
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Publicado: 2/7/2018