Entre 0.5% y 1% del Producto Bruto Interno (PBI) es lo que se pierde en el país por la corrupción, estimó hoy el.profesor de gestión pública y modernización del Estado de la Universidad Esan, César Augusto Rázuri.
Asimismo, dijo que al analizar el presupuesto general de la República se podría afirmar que el 5% es lo que se lleva la corrupción.
Por ello, agregó, se trata de un tema que tiene gran impacto negativo en nuestra economía.
“Sobre este tema ya se han pronunciado diversos gremios empresariales y académicos”, manifestó en la Mesa Redonda: Impacto económico de la reforma del
Sistema Judicial por
Andina Canal Online.
Rázuri explicó que normalmente el presupuesto de una institución pública arroja que entre el 65% o 70% se va al pago de la planilla, el 20% al pago de servicios mientras que un 10% está relacionado con bienes de capital.
“Si analizamos ese 10%, destinado a bienes de capital, se concluye que ese porcentaje se podría traducir en corrupción”, aseveró.
Salud
Adicionalmente, dijo que sólo siete millones de personas tienen acceso a la seguridad social. Sin embargo, en el país hay más de 33 millones de personas.
En ese sentido, llamó la atención sobre los servicios públicos de salud y el componente pensionario.
“El Poder Judicial, si hacemos un paralelo con el sistema de salud, tiene que tener un componente más preventivo que recuperativo porque ya se está viendo que el costo unitario de cada litigio es tan alto o más que los costos colaterales de las asesorías externas”, comentó.
Por todo ello, agregó, el tema del arbitraje y el de conciliación debería reforzarse.
Academia
De otro lado, comentó que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) está aplicando una política de licenciamiento en las que algunas universidades no podrán ser admitidas.
Detalló que esa es una característica que explica la reducida presencia de la academia con propuestas para atender los grandes problemas nacionales.
Resaltó que las universidades deberían ejercer un liderazgo en el tema de los proyectos de
inversión pública en las provincias.