El ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, comentó hoy que la demora de las disputas y litigios en el Poder Judicial tiene un costo social, económico e incluso político para el país.
“Además de la corrupción, la administración de justicia también adolece de falta de eficiencia y eficacia, en consecuencia los procesos son eternos y hace que los conflictos se sostengan en el tiempo”, dijo en el programa Mirada Económica de Andina Canal Online.
“El problema de la justicia peruana es que con corrupción o sin corrupción no se resuelven los problemas y, por lo tanto, esa morosidad (en los procesos) tiene un costo social, económico y político”, agregó.
Más mejoras
En otro momento, manifestó que el caso
Lavajato sirve como lección para mejorar las prácticas de los estudios de abogados en diversos litigios y para que los empresarios se dediquen a invertir en producir bienes y servicios, y no a ganar juicios a toda costa.
“Si consiguiéramos mejorar en esos dos aspectos, habríamos resuelto en parte el problema judicial porque para que haya corrupción no solo se necesita un juez venal sino también de un litigante y de una persona natural o jurídica dispuesta a solventar la corrupción”, sostuvo.
Entonces, la primera cadena de la corrupción podría ser aliviada si los estudios iniciaran una autocrítica y tomaran medidas para con ellos mismos, y si los empresarios no tuvieran políticas de mudez o cierta solidaridad con un sistema que finalmente los perjudica, añadió.
Procesos pensionarios
Más adelante, comentó que el
TC estableció algunas líneas jurisprudenciales en torno al tratamiento pensionario, aunque a pesar de ello la Oficina de Normalización Previsional (ONP) sigue con el desconocimiento en torno a esos derechos y obliga a los jubilados de avanzada edad y escasos recursos a litigar por años y nuchos no logran culminar sus procesos.
En el ínterin, la
ONP contrata servicios de asesoría legal que resultan tan costosos como el pago mismo de las pensiones, señaló.
“Se pensó que esta reforma era una forma pragmática de acortar estos procesos judiciales para aminorar la carga procesal de manera significativa para que el Poder Judicial atienda las solicitudes de estos jubilados y ahorre dinero al Estado. Era una solución práctica que no ha sido discutida, pero que debe entrar a debate”, dijo.
Reforma de justicia
En otro momento, señaló que del conjunto de preguntas (en torno a la reforma judicial) la que estaría lejana del conocimiento e interés de los ciudadanos es la referente al cambio de la composición de lo que será la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura (
CNM).
“Las funciones serán las mismas y la composición de esta Junta estará a cargo de la elección de altos funcionarios del país como el defensor del Pueblo, entre otros. Así esperamos tener una conformación más acorde con las expectativas del país y no volver a sufrir las decepciones generadas por la última composición del CNM”, refirió.
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(FIN) MMG/JJN
JRA
Publicado: 26/11/2018