La Contraloría presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) un pedido para que este colegiado precise los alcances de la sentencia que declara inconstitucional el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, debido a que las infracciones sancionadas no estarían debidamente tipificadas.
Dicho pedido de aclaración fue anunciado por el presidente del TC, Ernesto Blume, y por el titular de la Contraloría, Nelson Shack, tras la reunión de coordinación que sostuvieron esta mañana respecto a este tema.
Según explicó Blume, de acuerdo a la legislación vigente, las partes pueden presentar un pedido para aclarar algún detalle o aspecto de las
sentencias del TC.
“Eso ha ocurrido, se va a presentar un pedido para disipar cualquier duda porque esa sentencia no afecta los casos ya terminados y los procesos en giro”, manifestó en declaraciones a la prensa.
Detalló, además, que, en tanto no se resuelva el pedido de aclaración, la sentencia queda suspendida en todos sus efectos.
“El colegiado del Tribunal Constitucional va a estudiar este pedido de aclaración y lo va a resolver para disipar cualquier duda y quede claro que la sentencia ratifica la lucha contra la corrupción y las competencias sancionadoras de la Contraloría y que no hay ningún problema porque la situación va a ser superada”, añadió.
Por su parte, Shack dijo que el pedido de aclaración busca “absoluta claridad” de la Contraloria y de los administrados sobre los alcances de la aplicación de la sentencia.
Uno de los aspectos a consultar, mencionó, es cuál es la aplicación del fallo sobre los casi 15,000 funcionarios comprometidos en procesos administrativos sancionadores.
Asimismo, sobre su aplicación en las autoridades electas por voto popular.
Shack reiteró que este tema ha generado un cúmulo de preocupaciones en la Contraloría y los administrados, aunque expresó su confianza en que ellas se disiparán con el pedido de aclaración.
Por ello, solicitó al Congreso y al Poder Ejecutivo darle mayor celeridad a la aprobación y promulgación de esta iniciativa legislativa.
Tanto Blume como Shack destacaron la reunión sostenida y subrayaron que fue el resultado del diálogo alturado entre dos instituciones autónomas respetuosas de sus competencias y facultades.
“Hemos coincidido y ratificado que, una vez superados estos detalles más operacionales de cómo se va a aplicar la sentencia, creo que la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional va a ser fortalecida producto de esa coordinación y acercamiento”, comentó Shack.
(FIN) CCR
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Publicado: 26/4/2019