La Contraloría General de la República reveló que el Gobierno Regional de Tumbes, en 2019 y 2020, pagó más de 65 mil soles por servicios de contrataciones a profesionales para las oficinas de Asesoría Jurídica, Procuraduría Pública Regional y Administración con recursos del proyecto de construcción del Hospital Regional Nivel II-2 José Alfredo Mendoza Olavarría.
Explicó que la ejecución de dicho proyecto culminó en el 2013 y luego fue declarado no habitable en el 2018, por lo que ingresó a un proceso arbitral, pero no tenía presupuesto aprobado para tales gastos, lo que afectó el adecuado uso de los recursos públicos.
Detalló que se cargaron 15 servicios al proyecto de construcción y equipamiento del hospital, entre ellos el servicio especializado en material legal externa, asesor legal externo, apoyo legal y asistente administrativo solicitado por la Procuraduría Pública Regional, entre otros relacionados al ámbito legal y administrativo de la entidad y cuyos conceptos u objetos correspondían a una finalidad distinta a la construcción de un nuevo nosocomio.
Asimismo, la comisión de control detectó que en los expedientes de pago de 12 de las 15 órdenes de servicio no se encontraron informes de las actividades realizadas como parte del sustento documental.
De acuerdo al Informe N° 8505-2025-CG/GRTB-AOP, con periodo de evaluación de 1 de enero del 2019 a 21 de julio del 2025, el hospital tuvo un costo de 126 millones de soles y se culminó en 2013. Sin embargo, en 2016 aparecieron grietas y fisuras por asentamientos en el suelo del hospital, por lo que dos años después Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Tumbes lo declaró inhabitable.
Por ello, en el 2019 se inició un proceso arbitral contra el consorcio constructor que en la actualidad continúa y tiene pendiente la emisión de la resolución del arbitraje y lleva un costo para la entidad de casi 2 millones de soles.
Resaltó que la Dirección de Gestión de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas estableció que se pueden pagar gastos arbitrales en la ejecución de proyectos públicos, pero estos deben ser de los siguientes tipos: honorarios y gastos de tribunal arbitral, honorarios y gastos del secretario, gastos administrativos de la institución arbitral, honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal, etc.
“Todos estos conceptos son distintos a los servicios legales y administrativos considerados y pagados por el Gobierno Regional de Tumbes con recursos para la construcción del hospital”, puntualizó.
La Contraloría señaló que el
informe fue comunicado al titular del Gobierno Regional de Tumbes y está publicado en el portal institucional
www.gob.pe/contraloria en aras de la transparencia y acceso a la información.
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