La Contraloría General detectó irregularidades en el procedimiento de contratación para la ejecución de la obra del río Ica y la quebrada Cansas-Chancajalla, al evidenciar que el comité de selección no admitió las ofertas de postores que cumplieron con los requisitos y otorgó la buena pro y se suscribieron contratos con consorcios que no acreditaron, ni cubrieron los requerimientos exigidos en las bases.
El proceso de Licitación Pública 001-2019-Gore-IcaPetacc/CS - primera convocatoria
fue ejecutado por el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (Petacc) con un presupuesto de 66 millones 405,526.81 soles.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento 30542-2021-CG/GRIC-AC reveló que el comité de selección no admitió la oferta de postores que cumplieron con presentar todos los documentos para la admisión de sus ofertas bajo el argumento que no se detalló la moneda de la propuesta económica como lo requieren las bases y se descalificó en la evaluación técnica a otros postores pese a cumplir con los requisitos.
Se comprobó, además, que los ganadores de la buena pro presentaron un documento que no corresponde a una carta de línea de crédito, que fue emitido por una empresa de seguros que no estaba autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para efectuar operaciones crediticias.
Otro hecho identificado es que los ganadores de la buena pro no cumplieron con presentar la declaración jurada respecto a que si a la fecha de suscripción de contrato contaban con algún proceso penal.
Antigüedad
Además, nueve vehículos excedían los seis años de antigüedad para realizar trabajos en obra. Tampoco se acreditó la propiedad y/o alquiler de nueve volquetes pese a que se requería para la firma de contrato.
El informe determinó que el Petacc afectó la transparencia, imparcialidad e integridad con las que deben regirse las contrataciones del Estado y que limitó la evaluación y elección de ofertas más ventajosas. Por estos hechos, se identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa de cinco exfuncionarios.
Los resultados de la auditoría de cumplimiento —que comprendió del 5 de setiembre al 16 de octubre del 2019— fueron notificados al jefe del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha para el deslinde de las responsabilidades administrativas que correspondan y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales penales respectivas.
En aras de la transparencia y acceso a la información, el informe se encuentra publicado en el buscador de informes de control a través del
portal institucional.