La Contraloría alertó sobre una serie de irregularidades en el concurso de nombramiento docente desarrollado en la región San Martín. Según el informe de control emitido desde la ciudad de Moyobamba, cinco profesores accedieron a plazas de nombramiento a pesar de no cumplir con uno de los requisitos obligatorios para ingresar a la Carrera Pública Magisterial: no contar con condenas por delitos dolosos.
De acuerdo con el documento, los cinco postulantes obtuvieron sus plazas arrastrando sentencias condenatorias vigentes, una situación que, según la normativa que rige el ingreso a la docencia pública, debió haberlos dejado fuera del proceso. El requisito busca garantizar que quienes se desempeñan en las aulas, y que tienen a su cargo la formación y el cuidado de niños y adolescentes, no registren antecedentes por delitos cometidos con intención.
Los hallazgos de la
Contraloría no se limitan a los antecedentes penales. El informe también advierte que otros dos docentes ganadores presentaron títulos profesionales con graves incongruencias, tanto formales como sustanciales, al momento de acreditar su formación académica. Es decir, los documentos que sustentaron su postulación mostraban inconsistencias que ponían en duda su validez o su correspondencia con los estándares exigidos, y que, pese a ello, no impidieron que accedieran a una plaza estable en el sistema educativo público.
Fiscalización posterior, bajo la lupa
Uno de los puntos centrales del informe se refiere al
control que debieron ejercer las instancias descentralizadas del sector Educación. Los
auditores detectaron que las UGEL San Martín, Picota y El Dorado no contaban con documentación que demostrara haber realizado la fiscalización posterior obligatoria de las declaraciones juradas presentadas por los postulantes.
Este mecanismo es clave en los procesos administrativos: si bien los candidatos declaran bajo juramento que cumplen los requisitos, las entidades están obligadas a verificar posteriormente la veracidad de esa información. Según la Contraloría, la ausencia de evidencia sobre esa verificación en las tres UGEL habría facilitado que las irregularidades pasaran inadvertidas y que los docentes cuestionados terminaran incorporados a la carrera magisterial.
Recomendaciones a las autoridades educativas
Ante este panorama, la CGR recomendó formalmente a las autoridades del sector educativo implementar mejores mecanismos de monitoreo y control previos a los nombramientos, de modo que los requisitos legales se verifiquen antes de que las plazas sean adjudicadas y no después. Asimismo, solicitó iniciar las acciones legales y administrativas correspondientes contra quienes resulten responsables de estas incorporaciones irregulares, ya sea por haber omitido los controles o por haber presentado información que no se ajustaba a la realidad.
El caso vuelve a poner en discusión la solidez de los filtros en los concursos docentes y la necesidad de que las UGEL cumplan con sus funciones de verificación, un aspecto fundamental para proteger la calidad del servicio educativo y la seguridad de los estudiantes en la región.
Publicado: 13/10/2026