Contralor: Cuenta General 2024 evidencia avances importantes en transparencia

Y cobertura de entidades públicas

ANDINA/Difusión

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18:08 | Lima, set. 3.

Durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, el contralor general, César Aguilar Surichaqui, presentó los resultados a la Auditoría a la Cuenta General de la República 2024, donde se alcanzó un nivel de cobertura casi total en la rendición de cuentas, lo cual fortalece la transparencia y la confiabilidad de la información financiera que se presenta al Congreso.

Durante su exposición, Aguilar precisó que en el ejercicio fiscal 2024, la Cuenta General de la República consolidó información proveniente de 2531 entidades públicas, lo que permitió alcanzar un nivel de integración del 99.5% del universo institucional. 

“Este resultado representa una mejora respecto al año 2023, en el que se registró un nivel de cumplimiento del 99.3%, confirmando una tendencia de avance en la incorporación de la información financiera y presupuestaria del sector público”, añadió.

Por niveles de gobierno, manifestó que tanto el Gobierno Nacional como los Gobiernos Regionales y Locales lograron una integración del 100%, lo que significa que no existen entidades omisas en estos ámbitos. Sin embargo, refirió que el mayor reto persiste en las empresas del Estado, donde de 145 entidades, 134 cumplieron con la integración y 11 quedaron omisas, alcanzándose un nivel de cumplimiento del 92.4%, lo que representa una ligera mejora respecto al 2023.

Precisó que entre las 11 entidades que no fueron integradas en el proceso de consolidación corresponden a tres categorías específicas: una empresa pública operativa, cinco empresas en proceso de liquidación, y cinco empresas no operativas.

Auditoría financiera
Al momento de detallar los resultados de la auditoría financiera de la Cuenta General de la República, indicó que se auditaron 320 entidades, lo que significó un 41% más que en 2023, y ello representó el 71.1% de los activos del Estado, el 73.5% de ingresos y el 74.3% de gastos ejecutados.

Mencionó que la auditoría financiera concluyó con una opinión con salvedades por parte de la Contraloría, debido a limitaciones, subestimaciones y sobrestimaciones por un total de S/ 100 128.9 millones (7.1% de los activos del sector público al 31 de diciembre de 2024).

Entre la principales limitaciones evidenciadas figura la falta de evidencia en activos registrados en gobiernos regionales tales como: Arequipa, Puno, Pasco y San Martín, así como subestimaciones, tales como la omisión de ingresos por multas en la Sutran (S/ 237 millones), y sobrestimaciones como anticipos a contratistas de obras paralizadas (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Midagri: S/ 53 millones) y saldos pendientes de rendición (Ministerio de Relaciones Exteriores: S/ 27 millones).

Obras paralizadas
En otro momento de su participación, el contralor general se refirió a las obras públicas paralizadas y al 31 de diciembre de 2024, se identificaron 2476 obras públicas paralizadas, con un valor acumulado de S/ 43 118 millones, de las cuales S/ 22 601 millones son saldos pendientes de ejecución. 

Sin embargo, también precisó que las obras públicas reactivadas desde agosto de 2024 a la fecha permiten evidenciar el impacto técnico del control preventivo aplicado por la Contraloría en la recuperación de inversiones paralizadas. “Se han reactivado 382 obras públicas, con un monto aproximado a S/ 5100 millones. De estas 382 obras, en 221 intervino la Contraloría mediante servicios de control, lo que equivale al 58% del total reactivado”, mencionó.

También enfatizó que el beneficio social de la reactivación de obras pública también es cuantificable, ya que la población impactada por estas reactivaciones asciende a más de 3.8 millones de personas, lo que significa que la ejecución de estos proyectos no solo moviliza inversión financiera, sino que se traduce en acceso a servicios esenciales. 

Asimismo, refirió que en el país no existe un registro único e integral de concesiones estatales, por lo que la falta de información sistematizada limita la evaluación de riesgos financieros y contingentes, comprometiendo la gestión de pasivos y obligaciones futuras del Estado.

(FIN) NDP/JCR

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Publicado: 3/9/2025