El congresista Ilich López Ureña, del partido Acción Popular, presentó un proyecto de ley que propone crear el Sistema Nacional de Billeteras Electrónicas para la custodia y monitoreo de criptoactivos vinculados a actividades ilícitas.
El
Proyecto de Ley N° 14746/2025-CR plantea que el Estado cuente con una infraestructura especializada para la
inmovilización, custodia y trazabilidad de criptomonedas y otros activos digitales vinculados a actividades ilícitas. Según la propuesta, ello permitiría preservar adecuadamente estos bienes durante los procesos fiscales y judiciales.
Asimismo, el proyecto busca incorporar los conceptos de "criptoactivos" y "activos virtuales" en las disposiciones del Decreto Legislativo 1106, norma relacionada con la lucha contra el lavado de activos.
Motivos
La propuesta señala que el crecimiento del uso de criptomonedas ha generado nuevos desafíos para las autoridades debido a características como la descentralización, rapidez de las transferencias y posibilidad de operar sin intermediarios tradicionales.
En ese sentido, advierte que el Estado peruano no cuenta actualmente con billeteras institucionales oficiales para custodiar los activos digitales incautados, lo que podría generar riesgos como la pérdida de acceso a los fondos, la falta de trazabilidad o su eventual transferencia al extranjero.
Alcances
Por estos motivos, la iniciativa establece penas de entre 8 y 15 años de prisión para quienes transporten, ingresen o retiren del país criptoactivos con el propósito de ocultar o dificultar la identificación de su origen ilícito.
Además, el proyecto precisa que la medida no busca restringir el uso legal de criptomonedas ni afectar el desarrollo de la innovación tecnológica o la libertad de empresa. También indica que su aplicación estará dirigida únicamente a activos vinculados a investigaciones por criminalidad organizada y que no interfiere con las competencias del Banco Central de Reserva ni de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
PL 14746 by Enya Tomasto
De esta manera, la iniciativa fue derivada a las comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, así como de Justicia y Derechos Humanos, donde será evaluada para un eventual dictamen.