Con 90 votos a favor, uno en contra y 12 abstenciones, el pleno del Congreso de la República aprobó el informe final de la Comisión de Ética que recomendó suspender por 120 días a la congresista María Cordero Jon Tay, además del descuento de sus haberes por el periodo señalado.
Como se sabe, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó el pasado 2 de octubre, por unanimidad, el informe final de la denuncia contra la congresista María del Pilar Cordero Jon Tay por el caso del recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho congresal.
Dicho informe recomendó la suspensión y el descuento de haberes por un total de 120 días a la parlamentaria Cordero Jon Tay, así como el envío de la copia del informe al Ministerio Público.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, sostuvo que el caso fue investigado a raíz de una denuncia de parte, realizada por la legisladora Patricia Juárez. Asimismo, el legislador detalló que su grupo legislativo, para llegar a la conclusión de recomendar la suspensión de Cordero, recabó información, realizó dos audiencias y recibió los descargos de la denunciada.
En esa línea, Bazán detalló que la legisladora ha alegado, a través de un oficio, que no ha cometido ningún delito y que, en las audiencias que ha sido convocada, solo ha participado su abogado.
Agregó que uno de los afectados fue el extrabajador Rafael Cabrejos Vela, quien dijo que fue la persona que grabó los audios, donde se escucha a la parlamentaria exigirle el pago de una parte de su salario, su gratificación y bonos. También dijo que el dinero era recabado por Braden Paredes, un trabajador del Parlamento y cercano a Cordero.
La parlamentaria no acudió a la sesión del Pleno del Congreso para defenderse y presentó una licencia de salud a fin de que su caso pueda discutirse en una próxima sesión. Cordero alegó que se encuentra internada en la clínica Jesús del Norte, debido a que tiene una artrosis lumbar.
Como se recuerda, de acuerdo con un reportaje de Punto Final, la parlamentaria habría realizado cobros irregulares a trabajadores de su despacho durante el 2022. Asimismo, se emitieron audios donde la parlamentaria exigía los pagos a sus trabajadores de manera inmediata una vez recibían su sueldo correspondiente.
Así, el pasado 14 de abril la Fiscalía inició una investigación preliminar contra la legisladora por el presunto delito de concusión. Además, la Procuraduría General del Estado denunció a la congresista ante el Ministerio Público por el presunto delito de cohecho pasivo impropio y alternativamente por el cargo de concusión.