El congresista Juan Burgos de la bancada Podemos Perú presentó un proyecto de ley que establece la privatización de los centros penitenciarios.
El proyecto de ley 08685/2024-CR tiene el objetivo de establecer el marco legal para la privatización de los centros penitenciarios en el país con la finalidad de “mejorar la eficiencia en la administración del sistema penitenciario, reducir el hacinamiento en los centros de reclusión y optimizar el uso de los recursos públicos”.
En ese sentido, dice la propuesta, la privatización de las cárceles se llevaría a cabo a través de un modelo de concesión, operación y mantenimiento a largo plazo, mediante el mecanismo de asociaciones público privadas, bajo la supervisión del Estado.
Dentro de la exposición de motivos, la iniciativa se ampara en los antecedentes en el Derecho Comparado, el cual toma como referencia los marcos legales de Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Brasil y Chile, países que implementaron la privatización en sus respectivos centros penitenciarios.
Entre otras, se encuentra el hacinamiento en las cárceles, ya que esta problemática, según señala la propuesta, tiene consecuencias en términos humanos, seguridad y rehabilitación de los internos.
En esa línea, la sobrepoblación en los centros de reclusión, indica Burgos, genera condiciones de vida inhumanas, facilita la propagación de enfermedades y aumenta la violencia intracarcelaria.
Respecto a los factores que generarían esta situación, se encuentran: "un sistema judicial ineficiente, legislación dura sin alternativas, desigualdad social y económica, uso excesivo de la prisión preventiva, incapacidad de albergue, insuficiente inversión en infraestructura penitenciaria e ineficiencia en la administración y gestión de las cárceles".
De acuerdo a la información del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a marzo de 2023, “la población penitenciaria total asciende a 90,516 internos, de los cuales 56,274 (62.2% ) son sentenciados y 34,242 (37.8%) son procesados y está dividida en: población intramuros y extramuros”.
Por ello, la propuesta se respalda en el interés público fundamentándose en la necesidad de mejorar la eficiencia operativa, descongestionar las cárceles con la construcción de nuevos centros penitenciarios y fomentar la rehabilitación. Es decir, sin intervenir directamente en reformar el sistema judicial, el cual, como menciona el proyecto, es uno de los principales factores de esta situación.
La iniciativa, por último, se remonta al Decreto Legislativo 1325 publicado en 2017 que declaraba en emergencia y dicta medidas para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el INPE.
Esto significa que el Ejecutivo se autodelegaba el deber de coordinar de manera intersectorial la priorización de programas, proyectos de inversión y actividades relacionadas con proyectos de infraestructura ejecutados por el INPE mediante la modalidad de asociaciones público privadas, lo que sirve como precedente para el presente proyecto.
En relación al análisis costo-beneficio, la iniciativa legislativa menciona que entre los beneficios se encuentran: delegar la construcción, operación y mantenimiento de los centros penitenciarios a entidades privadas, bajo la supervisión del estado; reducir el hacinamiento de las cárceles, mejorar la eficiencia en la administración del sistema penitenciario, promover la disminución de los índices de violencia en estos espacios y tener un mejor control de los reos.
Mientras que, entre los costos, se expone que el proyecto, de aprobarse, generará costos de supervisión y control de las cárceles privatizadas.
(FIN) OPG/CVC
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Publicado: 28/8/2024