En el marco del estado de emergencia, más de 650 mil equipos celulares fueron bloqueados, 169 mil se reportaron como robados, y se presentaron 4,100 solicitudes de suspensión de líneas utilizadas en extorsión, secuestro y sicariato, informó Osiptel durante una audiencia pública de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco).
“Las telecomunicaciones se han convertido en una herramienta clave para el crimen, y por eso hemos intensificado el control en todos los frentes”, señaló la directora de Atención y Protección del Usuario, Tatiana Piccini Anton.
Estas cifras fueron presentadas en la IV Audiencia Pública Descentralizada “Activación Ilegal de Líneas de Servicios Móviles y Posesión Ilegal de SIM Card, Cumplimiento e impacto de la Ley 32451”, realizada en Huancayo y presidida por la titular de la Comisión de Defensa del Consumidor, Katy Ugarte.
Allí, Piccini informó que Osiptel reforzó el control sobre ciudadanos con más de diez líneas a su nombre, aplicando validación presencial de identidad, e implementó que los extranjeros solo puedan contratar servicios tras verificación biométrica con Migraciones. Además, reportó más de 46 mil IMEI invalidados, 34 mil IMEI clonados y nuevas bajas sumarísimas ejecutadas en tiempo récord.
La funcionaria advirtió que la venta ambulatoria de chips constituye un foco de ilegalidad y un delito que permite activar líneas fraudulentas.
“Cuando detectamos a vendedores en la vía pública, registramos identidades, operadores y reportamos a la Policía y al Ministerio Público. Hay personas con más de 300 servicios a su nombre; esa contratación masiva debe ser limitada por ley”, enfatizó. Asimismo, recordó que las empresas operadoras judicializan sanciones, retrasando procesos hasta por diez años, lo que exige ajustes normativos inmediatos.
Durante la audiencia, Ugarte resaltó la necesidad de modernizar el marco legal para enfrentar la criminalidad tecnológica. Propuso implementar medidas utilizadas en Europa, como teléfonos sellados sin chip, dispositivos codificados, bloqueadores penitenciarios 4G y 5G, y controles biométricos avanzados.
“El país no puede seguir combatiendo delitos modernos con sistemas obsoletos. Propondremos una directiva única con supervisión trimestral junto al Ministerio Público”, afirmó.
Por su parte, el presidente ejecutivo de Osiptel, Eduardo Guillén Marroquín, subrayó que el control del sistema de telecomunicaciones debe basarse en un trabajo articulado entre municipalidades, operadoras, el regulador y el Ministerio Público. Alertó que la venta callejera de chips, descontrolada desde 2015, permite prácticas como el registro de múltiples huellas por línea, facilitando que terceros activen números sin aparecer como titulares.
En tanto, Ricardo Malca Acayturi, director de Fiscalizaciones del MTC, expuso las acciones del sector contra infraestructura clandestina que facilita comunicaciones desde penales. Informó que en 2025 se realizaron 22 intervenciones técnicas y 27 acciones de detección de antenas ilegales en Lima y diversas regiones, señalando que muchas instalaciones operan camufladas en viviendas o cerros aledaños.
La audiencia contó con la participación de representantes de la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y sociedad civil, reforzando el compromiso para proteger a los consumidores y garantizar servicios públicos seguros.
(FIN) NDP/RMCH/FHG
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Publicado: 11/12/2025