No prosperó en el Congreso el pedido de inhabilitar por 10 años en el ejercicio de la función pública a la congresista María Cordero Jon Tay por la denuncia de recorte de sueldo a un trabajador a su cargo.
La resolución legislativa que recomendaba la inhabilitación obtuvo 51 votos a favor, 6 en contra y 24 abstenciones. Se requería 67 votos a favor.
En tanto, otra resolución legislativa que recomendaba haber lugar a la formación de causa penal contra la legisladora por la presunta comisión del delito de concusión no fue aprobada, alcanzando 48 votos a favor, 6 en contra y 24 abstenciones. Se requerían 51 votos a favor para su aprobación.
Asimismo, dijo que los hechos denunciados, cuya verosimilitud se han acreditado, constituyen presunto delito de concusión, el mismo que habría sido cometido por la suspendida legisladora en su condición de funcionaria pública y parlamentaria, en complicidad con su asesor.
Durante el debate de esta denuncia constitucional, los congresistas Edwin Martínez (no agrupado) y José María Balcázar (PB) se pronunciaron en contra de la sanción a la referida parlamentaria, argumentando que corresponde al Ministerio Público continuar con las investigaciones para esclarecer esta denuncia.
En tanto, Roberto Chiabra (APP) dijo que la baja aprobación del Congreso se debe a los parlamentarios que han recortado el sueldo a sus trabajadores, y propuso que las comisiones especiales, donde se denuncian estas prácticas, sean integradas por trabajadores de planta del Legislativo.
“Esta vez se busca desaforarme, suspenderme indefinidamente vulnerando mis derechos fundamentales y el debido proceso (..) Pido un voto de conciencia porque injusticia extrema no es derecho humanitario, la justicia debe ser el valor de cada uno, un voto de conciencia porque todos iguale”, refirió.
La congresista Paredes planteó una reconsideración de las dos votaciones efectuadas respecto a Cordero.
(FIN) FHG/FGM
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Publicado: 14/3/2024