La Representación Nacional aprobó con 86 votos a favor, 01 en contra y 23 abstenciones, el dictamen de los proyectos de ley 419, 1947, 2253 y otros, que propone regular la implementación de la justicia itinerante para el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad.
La propuesta tiene por objeto regular la implementación de la justicia itinerante en materia de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, alimentos, filiación extramatrimonial, ejecución de actas de conciliación extrajudicial sobre alimentos, o de rectificación de actas de nacimiento y de matrimonio o de defunción.
Ello con la finalidad de garantizar el efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad en los lugares de escasos recursos económicos o en situación de pobreza o pobreza extrema.
Por su parte, la congresista Milagros Rivas Chacara, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, detalló que la finalidad es garantizar que las personas en condición de vulnerabilidad tengan acceso al servicio de justicia con igualdad, sin discriminación de origen, raza, género, orientación sexual e identidad de género, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, respetando su identidad étnica y cultural, usando su propio idioma.
A su turno los parlamentarios autores de los proyectos de ley, Norma Yarrow Lumbreras (Avanza País), Silvia Monteza Facho (NoA) y Segundo Quiroz Barboza (BMCN), destacaron la importancia de la propuesta que garantiza el acceso al servicio de justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
"El acceso a la justicia es considerado un derecho fundamental que se debe garantizar en una sociedad democrática dentro de un Estado de derecho, participativo e igualitario (...). Se trata de un proyecto a favor de la población más vulnerable, la población que realmente no tiene la posibilidad de tener el derecho y el acceso a la justicia en las regiones más alejadas de nuestro país”, refirió Yarrow Lumbreras.
"El Poder Judicial debe coordinar con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la identificación de las personas en condición de pobreza y/o pobreza extrema con necesidades de acceso a la justicia en estas materias", detalló.
De esta manera, la parlamentaria refirió que "se cumple con las responsabilidades sectoriales que el Estado asumió con la ratificación de tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos (...). Siendo un derecho que tienen todos los ciudadanos de utilizar las herramientas y mecanismos legales para que se reconozcan y protejan eficazmente sus demás derechos".
Con 90 votos a favor, 01 en contra y 18 abstenciones, la propuesta fue exonerada de segunda votación por el Pleno del Congreso.