La Comisión Permanente del Congreso sesiona este miércoles 10 de abril, a las 10:00 horas, con el fin de tratar, entre otros temas, el informe final de la Denuncia Constitucional 131 presentada contra la excongresista de la República Rosario Paredes Eyzaguirre.
El documento concluye acusar a la exparlamentaria por la presunta comisión del delito de concusión, en calidad de autora, tipificado en el artículo 382 del Código Penal.
La agenda también contempla el informe final de las denuncias constitucionales 182 (antes 311) y 184 (antes 328), acumuladas, presentada por el excongresista Richard Arce Cáceres y la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera contra el exlegislador Roberto Vieira Portugal. El documento concluye acusarlo constitucionalmente por la probable comisión del delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 400 del Código Penal.
Otros informes finales recomiendan el archivo de tres denuncias constitucionales: contra la exministra de Desarrollo e Inclusión Social Liliana del Carmen La Rosa Huertas, contra la expresidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez Valdivia y el exministro de Economía y Finanzas Waldo Mendoza Bellido, y contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde.
La Comisión Permanente también tiene en agenda otorgar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para que realice la investigación y presente su informe final respecto a dos denuncias constitucionales declaradas procedentes.
Ellas son: la Denuncia Constitucional 448, contra el expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo, por la presunta infracción a los artículos 39 y 118 de la Constitución Política del Perú; así como por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 400 del Código Penal.
También la Denuncia Constitucional 464 contra la congresista de la República Katy Ugarte Mamani, como presunta autora del delito contra la administración pública-concusión, ilícito penal previsto en el artículo 382 del Código Penal, en agravio del Estado.