La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto que propone establecer requisitos para la designación de directores de las empresas públicas municipales, regionales y de aquellas que se encuentran bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
Esta propuesta legislativa del congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) recibió el respaldo unánime de los 19 parlamentarios integrantes de este grupo de trabajo, luego del debate respectivo donde se destacó el objetivo de garantizar la transparencia en el acceso, la idoneidad y la meritocracia en el ejercicio de su función y fortalecer la lucha contra la corrupción en las diferentes empresas del Estado.
La presidenta de la comisión, Rosangella Barbarán, resaltó que esta propuesta quiere asegurar que los directorios de las empresas estatales sean conformados por los mejores profesionales. “Este es una propuesta que busca para el directorio de las entidades públicas a lo mejor de lo mejor”, puntualizó.
Por su parte, el legislador y economista Carlos Anderson (no agrupado) saludó al autor de este proyecto que calificó de positivo para el funcionamiento de las empresas estatales.
La congresista Noelia Herrera (Renovación Popular) consideró que esta iniciativa es un avance en el ordenamiento de las entidades estatales, aplicando conceptos de meritocracia y experiencia.
A su turno, José Luna Gálvez, presidente de la Comisión de Presupuesto e integrante de la Comisión de Economía, señaló que este proyecto apunta a una visión gerencial y empresarial en el Estado en base a la experiencia porque “los gerentes no se forman de la noche a la mañana”.
Detalles de la norma
El
proyecto 3646/2022-CR, aprobado hoy en la
Comisión de Economía, establece que la composición del directorio de las mismas será establecida conforme al tamaño. El directorio de la Empresa de Propiedad del Estado (EPE) de ámbito regional incluirá por lo menos a un profesional con residencia efectiva en el departamento en donde la entidad desarrolla sus actividades principales.
Además señala que están impedidas de ejercer cargo miembro del directorio las personas inhabilitadas por el Congreso o por mandato judicial para ejercer función pública y quienes hayan sido destituidas de la administración pública por falta grave o muy grave.
Aguinaga señala en su propuesta que las empresas con directorio de siete miembros estarán conformadas por dos profesionales con experiencias comprobada en finanzas, con formación en ciencias económicas, administrativas, contables o afines; otros dos profesionales con experiencia comprobada en gestión pública, con formación en ciencias jurídicas, políticas o afines y tres profesionales especialistas en temas relacionados con el objeto social de la empresa.
Las empresas con cinco directores están conformadas por dos profesionales con experiencias comprobada en materia financiera, cuya formación esté relacionada a las ciencias económicas, administrativas, contables o afines; un profesional con experiencia comprobada en gestión pública, cuya formación esté relacionada a las ciencias jurídicas, políticas o afines y los otros dos deberán ser profesionales especialistas en temas relacionados con el objeto social de la empresa.
En el caso de las empresas con tres directores, estas estarán conformadas por un profesional con experiencia comprobada en materia financiera, cuya formación esté relacionada a las ciencias económicas, administrativas, contables o afines; un profesional con experiencia en gestión pública, cuya formación esté relacionada a las ciencias jurídicas, políticas o afines y un profesional especialista en temas relacionados con el objeto social de la empresa.
Respaldo de Contraloría
Por otro lado, la
Contraloría General de la República expresó su pleno respaldo a este proyecto señalando que “tendrá un impacto positivo en el ordenamiento jurídico peruano al garantizar la idoneidad de los directores de las empresas del Estado”.
A través del Oficio 001116-2023-CG/DG, dirigido a la Comisión de Economía del Congreso que tiene a su cargo dictaminar la propuesta, la Contraloría señala que la iniciativa del legislador Aguinaga “complementa el esfuerzo del Estado peruano ha iniciado con la Ley 31419, que regula los requisitos mínimos para desempeñarse como funcionario o directivo público de libre designación en las entidades públicas”.
(FIN) NDP/GDS/RMCH
GRM
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Publicado: 17/5/2023