El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria sentenció a cuatro años de prisión suspendida al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry por solicitar información reservada del caso Odebrecht y el cese de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato, en diciembre del 2018.
Chávarry, encontrado responsable del delito de encubrimiento real en agravio del Estado, fue inhabilitado también por cuatro años para el ejercicio de la función pública y deberá pagar una reparación civil de 100,000 soles.
El juez Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, señaló en su resolución que Chávarry, en su condición de fiscal de la Nación, ejecutó actos para entorpecer las investigaciones del caso Odebrecht, con el apoyo de Fuerza Popular.
Precisó también que las conversaciones entre los exlegisladores de Fuerza Popular, en el chat denominado “La botica”, muestran coordinaciones para desarrollar acciones en contra de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez y la defensa de Pedro Chávarry.
A ello se suma, según indica, las declaraciones de un testigo protegido y de Jorge Yoshiyama Sakaki, quienes indicaron que había un pacto entre Pedro Chávarry y Fuerza Popular para que el exfiscal supremo los ayude en las investigaciones contra Fuerza Popular a cambio de protección en el Congreso ante las denuncias constitucionales que enfrentaba.
“Estamos ante un verdadero acuerdo subrepticio destinado a sacar a los fiscales a cambio de que en el Parlamento Fuerza Popular blinde a Pedro Chávarry respecto a las denuncias que había en el Congreso (…), existió un acuerdo de intercambio de apoyo”, refiere la resolución.
Recordó también que la excongresista Rosa Bartra, de Fuerza Popular, solicitó a Pedro Chávarry remitir una copia del acta de colaboración eficaz suscrito con la empresa Odebrecht como presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, lo que motivó el pedido de información reservada.
Respecto a la pena, el juez Julca sostuvo que, si bien la regla general es que no se puede apartar de la pena solicitada por el fiscal supremo en su denuncia, considera que se puede imponer una pena superior, dentro del marco de racionalidad y proporcionalidad.
En ese sentido, dijo que tomando como agravante que Pedro Chávarry cometió el delito en su condición de fiscal de la Nación y ocasionó un grave daño a la investigación y a la imagen del Ministerio Público, la pena era de 4-8 años, pero que en razón de su edad (67 años), consideró razonable fijarla en 4 años.
“Por tales fundamentos, se resuelve condenar a Pedro Chávarry como autor del delito contra la administración de justicia, encubrimiento real y, como tal, se le imponen 4 años de pena privativa, cuya ejecución se suspende condicionalmente por 3 años, sujeto a reglas de conducta”, aseveró.
Tras la lectura de la sentencia, el representante del Ministerio Público y el presentante de la Procuraduría expresaron su conformidad con la sentencia. La defensa de Pedro Chávarry anunció que apelará la decisión.