La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, que preside Norma Yarrow, debatirá mañana el predictamen sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los servidores públicos de libre designación y remoción en la alta dirección del Estado.
Se encuentran comprendidos en este proyecto, entre otros, los viceministros, secretarios generales de ministerios, gerentes generales o los que hagan las veces de los organismos públicos del Poder Ejecutivo y Organismos Constitucionalmente autónomos, así como los titulares, adjuntos, presidentes y miembros de los órganos colegiados de los organismos públicos del Poder Ejecutivo.
También los gerentes generales regionales, gerentes regionales o directores regionales de los gobiernos subnacionales, gerentes generales de gobiernos locales y provinciales, además de los gerentes municipales de distritos de más de 250 mil habitantes; dejando al reglamento de la ley los requisitos para los funcionarios antes mencionados de los distritos con menor población.
Los requisitos mínimos para todos ellos están vinculados a la formación académica, contar con el título profesional, técnico o maestría y poseer con experiencia profesional referida al puesto o cargo, la función o materia y trayectoria en el sector público.
Por otro lado, el dictamen establece como impedimentos para asumir los cargos antes mencionados los siguientes:
-Tener sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.
- Estar inhabilitados por mandato judicial para ejercer función pública.
-Haber sido destituidos de la administración pública por falta muy grave; precisando que, en caso de iniciarse acción judicial contra dicho acto, el impedimento perdurará mientras la sanción no haya sido firmemente revertida por el Poder Judicial.
La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado busca garantizar que la alta dirección pública cuente con los estudios, experiencia y capacitación suficientes que les permita elevar sus estándares de calidad.
Además de asegurar el desarrollo de un trabajo técnico profesional que se transforme en una adecuada función pública orientada al bienestar social y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, se informó.