Las fiscalías especializadas en delitos informáticos del Perú han conseguido 785 sentencias condenatorias contra personas involucradas en diferentes modalidades de ciberdelincuencia, principalmente, en fraude informático, que es el delito informático más denunciado en el país.
La mayoría de las condenas está relacionada con el
fraude informático, confirmó Aurora Castillo, Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Ciberdelincuencia, en diálogo con la
agencia Andina. Sin embargo, también se obtuvieron
sentencias por suplantación de identidad, propuestas de carácter sexual dirigidas a niñas, niños y adolescentes, y otros delitos informáticos.
Uno de los principales problemas que afronta la fiscalía especializada en ciberdelincuencia es que muchas investigaciones comienzan contra personas no identificadas. Por ello, determinar quién se encuentra detrás de una cuenta, una operación financiera o una comunicación digital puede demandar varios meses de trabajo especializado.
"La cooperación internacional es fundamental porque gran parte de los proveedores de servicios digitales se encuentra en el extranjero", sostuvo. Entre ellos figuran plataformas como Meta, TikTok y Roblox, que pueden conservar y entregar datos relevantes para las investigaciones.
El contacto con estas empresas permite solicitar inicialmente la preservación de la información. Posteriormente, las autoridades deben seguir los procedimientos correspondientes para obtener los datos y utilizarlos como evidencia dentro de un proceso penal.
Por otro lado, Castillo dijo que el desafío es mayor cuando las organizaciones criminales utilizan criptomonedas para ocultar el origen y el destino del dinero.
A este trabajo se suma la capacitación de fiscales y personal especializado, destacó Castillo. El Ministerio Público ha desarrollado actividades formativas con el apoyo de entidades extranjeras para fortalecer las capacidades de investigación frente a delitos que cambian constantemente.
No obstante, el número de fiscalías especializadas continúa siendo limitado. Actualmente, estas dependencias funcionan en Lima Centro, Trujillo y Arequipa, aunque la ciberdelincuencia afecta a ciudadanos de todas las regiones del país.
La falta de cobertura nacional obliga a que numerosos casos sean atendidos por despachos que también investigan otros delitos. Esta situación puede retrasar las diligencias, especialmente cuando se requiere actuar con rapidez para preservar información almacenada en plataformas digitales.
Otro obstáculo es el uso de las normas tradicionales del Código Procesal Penal para investigar delitos cometidos en entornos digitales. Los procedimientos vigentes no siempre responden a la velocidad con la que desaparecen los datos o se trasladan los fondos obtenidos ilegalmente. Por ello, es requerido incorporar a la legislación peruana mecanismos procesales previstos en el Convenio de Budapest.
Más en Andina:(FIN) SPV
Publicado: 1/8/2026