El Ministerio de Justicia de España informó hoy a las autoridades peruanas sobre la aprobación, de parte del Consejo de Ministros del país ibérico, de la extradición del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, investigado por los posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Según una nota de prensa emitida por dicho ministerio, tras ser
detenido en España y puesto en libertad provisional en noviembre de 2018 se recibió la documentación extradicional procedente de Perú "para su enjuiciamiento por presuntos delitos de tráfico de influencias y de pertenencia a organización criminal".
Igualmente, denegó la entrega por su posible implicación en hechos presuntamente constitutivos del delito de organización criminal. Esta decisión fue declarada firme el 23 de septiembre de 2019, previa desestimación del recurso de súplica por el Pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
"A esta primera solicitud de extradición se suma una segunda. En febrero de 2020, se recibió nueva solicitud de Perú para la ampliación de la extradición para el enjuiciamiento por hechos que no integraron la petición original", añade.
Dicha solicitud hace referencia a un presunto
delito de cohecho activo, pues Hinostroza "ofreció y entregó" la cantidad de 10,000 dólares a una funcionaria pública encargada del control de migraciones en la localidad de Tumbes.
"Su objetivo era impedir que se activase la alarma de prohibición de salida del país, conforme a lo establecido en una orden judicial, logrando así salir de Perú y llegar a territorio ecuatoriano, para desde allí viajar a España", agrega la comunicación.
Además, señala que el Consejo de Ministros de España, en su sesión de 3 de marzo de 2020, "acordó la continuación en vía judicial del procedimiento de ampliación de la extradición" y, actualmente, se encuentra pendiente de decisión por la Audiencia Nacional.
"En base a la primera petición de extradición, se procede ahora a la aprobación de la entrega, que no ha podido acordarse antes debido a varios motivos: el largo periodo en funciones durante el cual el Gobierno no podía acordar entregas cuando el reclamado se encuentra en libertad (como es el caso); por el requerimiento para declarar en sede judicial respecto a la segunda solicitud de extradición, y finalmente, cuando se paralizaron todas las extradiciones a causa de la crisis del covid-19", añade.
(FIN) NDP/JCC/CVC
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Publicado: 7/7/2020