La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima llevará a juicio oral al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, el excongresista Heriberto Benítez, entre otros 50 acusados, y cuatro empresas involucradas en el caso La Centralita.
Culminada la etapa intermedia de la investigación, con 1,514 medios probatorios que sustentan seis delitos, se pasará ahora a juicio oral, indicó el Ministerio Público.
Entre los principales imputados que han sido acusados por el fiscal provincial Elmer Chirre Castillo, están el mencionado exgobernador, contra quien se ha pedido 35 años de prisión, la máxima pena permitida.
A Álvarez se le acusa de asociación ilícita para delinquir, peculado, violencia contra la autoridad, colusión y lavado de activos, debido a que habría dirigido un aparato político, social y de prensa, integrado por particulares, funcionarios y servidores públicos que operaban al interior y fuera del Gobierno Regional de Áncash.
Asimismo, están incluidos Heriberto Benítez Rivas, congresista electo, y Víctor Crisólogo Espejo, para quienes se ha solicitado 30 y 22 años de cárcel, respectivamente. A ambos se les atribuye haber interferido en el allanamiento del local ubicado en Chimbote.
Sobre Benítez se consideran los presuntos delitos de encubrimiento real, violencia y resistencia a la autoridad y asociación ilícita para delinquir; a Crisólogo Espejo se le imputa los dos últimos delitos.
Otro de los acusados es el empresario Martín Belaunde Lossio a quien se le sindica haber dirigido el aparato de prensa dedicado a ensalzar la imagen del gobernador regional y atacar a sus detractores. Contra él se ha solicitado 17 años de cárcel por asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
Los delitos y otros acusados
En total son seis los delitos que serán sustentados en juicio oral: asociación ilícita para delinquir, peculado, encubrimiento real, violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, colusión y lavado de activos.
Según la hipótesis del Ministerio Público, la colusión y el peculado se sustenta en la concertación y el pago para fines ilícitos con dinero proveniente de “diezmos” y de fondos públicos, generados por la irregular adjudicación de obras como la del Proyecto Especial Chinecas, entre otras.
El delito de lavado de activos se basa en la obtención de beneficios económicos a través de testaferros para ocultar el dinero obtenido ilícitamente en obras como la "Rehabilitación, mejoramiento y construcción de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas San Luis de la Región Áncash".
Por esta ilícita adjudicación, el despacho del fiscal Chirre Castillo obtuvo en junio del 2019 ocho años y tres meses de prisión contra Álvarez Aguilar, por colusión.
Entre las otras 46 personas acusadas figuran la esposa de Álvarez, Milagros Asian Barahona; el exjefe de Gestión Electoral de la ONPE, José Luis Cavassa Roncalla; y el exalcalde del Santa, Luis Humberto Arroyo Rojas. Las penas que la Fiscalía ha solicitado para todos oscilan entre los dos y 35 años de prisión.
Las cuatro personas jurídicas incorporadas en este proceso son: Ilios Producciones S.A.C., Nueva Corporación del Norte E.I.R.L, A&E Áncash Telecomunicaciones E.I.R.L., y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú.
El magistrado indicó que tras la resolución de auto de enjuiciamiento se espera que en una próxima fecha se programe el inicio del juicio oral.
(FIN) NDP/VVS/FHG
JRA
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Publicado: 11/2/2020