El Perú mantiene pendiente su adhesión al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, lo que constituye “una ventana de oportunidad para actividades ilícitas que impactan en forma negativa en la salud pública, la economía y la seguridad”.
Así lo manifestó la directora adjunta del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (Cedro), Carmen Barco, especialista en temas de tabaco y salud pública.
El Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco es un instrumento internacional derivado del Organización Mundial de la Salud (OMS) y complementario al Convenio Marco para el Control del Tabaco, ratificado por el país hace más de dos décadas.
Para especialistas en salud pública, la demora en la adhesión a dicho protocolo “debilita la lucha contra el comercio ilegal, afecta la recaudación fiscal y favorece el accionar de redes criminales”, agregó Cedro, en una nota de prensa.
Carmen Barco opinó que el comercio ilícito de tabaco afecta tres frentes críticos: salud pública, economía y seguridad nacional.
En el ámbito sanitario, el contrabando de cigarrillos neutraliza el efecto de los impuestos –considerados la herramienta más eficaz para reducir el consumo de tabaco– al inundar el mercado con productos ilegales de muy bajo costo y sin advertencias sanitarias obligatorias por ley.
“Esto facilita el acceso al tabaco entre jóvenes y poblaciones vulnerables, perjudicando su salud y aumentando el riesgo de enfermedades prevenibles y generando una creciente presión sobre el sistema de salud por la mayor carga que recibe de enfermedades crónicas prevenibles”, señaló Barco.
En el plano económico, cada año el Estado peruano deja de percibir cientos de millones de soles debido a la evasión del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a los productos de tabaco.
“En un contexto de amplias necesidades sociales, permitir la expansión del comercio ilegal representa un perjuicio directo a los recursos públicos”.
La adhesión al protocolo –sostuvo la especialista– permitiría implementar una serie de medidas y mecanismos modernos de control para asegurar que todo producto comercializado cumpla con sus obligaciones tributarias.
Respecto a la seguridad, Barco enfatizó que el comercio ilícito de tabaco no constituye un delito menor, sino un componente de la economía clandestina que fortalece a mafias transnacionales.
Sin herramientas fuertes de control fronterizo y cooperación internacional, el Perú permanece en desventaja frente a redes criminales que vulneran la soberanía estatal, afirma. En ese sentido, enfatizó, “la adhesión al protocolo también debe entenderse como una medida de inteligencia estratégica”.
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(FIN) NDP/CCH
Publicado: 2/3/2026