El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) ejecutará las medidas socioeducativas que determine el Poder Judicial para los seis adolescentes investigados por la presunta violación sexual de un menor de 16 años del colegio Liceo Naval Almirante Guise, quienes fueron internados anoche en uno de sus establecimientos. Asimismo, trabajará en su rehabilitación y no les otorgará un trato preferencial respecto de los demás jóvenes que cumplen medidas en estos centros, afirmó el director ejecutivo de la institución, Luis Vega.
“Nosotros somos receptores y vamos a hacer cumplir lo que el juez dispone”, señaló al explicar que la medida socioeducativa es determinada exclusivamente por el Poder Judicial, mientras que el Pronacej tiene a su cargo la ejecución y el desarrollo de las intervenciones destinadas a la rehabilitación de los adolescentes.
Vega precisó que los seis adolescentes que ingresaron recientemente al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita fueron incorporados al Programa de Nivel 1 y serán evaluados por los equipos técnicos de los centros juveniles, conformados por psicólogos, trabajadores sociales y abogados.
Añadió que, además de los certificados emitidos por Medicina Legal, los adolescentes pasan por una evaluación médica clínica propia del centro juvenil. “El día de hoy, a las 8:15 aproximadamente, los jóvenes, después de tomar el desayuno como todos los jóvenes que se tienen en el centro juvenil, pasaron la evaluación médica propia del centro juvenil”, indicó.
El director ejecutivo del Pronacej explicó que los adolescentes son sometidos a una evaluación integral y permanente, cuyos resultados permitirán determinar si corresponde su permanencia en el programa asignado o su eventual traslado a otro centro juvenil.
“De estos jóvenes que han llegado ayer en un número de nueve, aún no han sido evaluados. Los van a evaluar los equipos técnicos el día lunes y, en base a ello, en una constante evaluación determinarán a qué programa, de qué nivel van a ser trasladados”, señaló.
Precisó que, normativamente, un adolescente puede ser trasladado a otro centro juvenil, pero esta decisión dependerá de las causales previstas en la normativa y será adoptada por el equipo técnico y el director del establecimiento.
Vega aclaró, además, que el anexo 2 del penal de Ancón está destinado exclusivamente a infractores que ya son mayores de edad y que representan un nivel de riesgo alto dentro del sistema juvenil.
Visitas familiares
Respecto al régimen de visitas, informó que la primera visita de los familiares de los adolescentes que ingresaron recientemente se realizará durante la primera semana de octubre, de acuerdo con la directiva vigente.
El funcionario indicó que las visitas familiares están previstas dos veces al mes y que los equipos técnicos se comunicarán directamente con los parientes de los nuevos internos para explicarles el procedimiento.
“Los trabajadores sociales, el equipo técnico, el día lunes o martes deben estar comunicándose con la familia de los jóvenes que han llegado”, dijo.
Vega señaló que este procedimiento es el mismo que se aplica en los centros juveniles de Lima, Chiclayo, Piura, Trujillo, Huancayo, Cusco y Pucallpa.
Asimismo, explicó que la defensa legal de los adolescentes constituye un derecho y puede acudir al centro juvenil previa coordinación con la dirección.
En otro momento, manifestó que los menores cumplen su medida socioeducativa en los centros juveniles hasta el plazo establecido por el Poder Judicial, incluso si durante ese periodo alcanzan la mayoría de edad.
“Los jóvenes cumplen su medida socioeducativa o sentencia, como lo quieran llamar, hasta el último día que ha determinado el juez en un centro juvenil. Es decir, no son trasladados a un penal. Actualmente albergamos a 2059 infractores”, precisó.
De esta manera, agregó, si un juez determina una medida de cuatro, cinco u ocho años, esta se cumplirá en el centro juvenil conforme a lo dispuesto judicialmente.
Respecto a la posibilidad de que algunos jóvenes mayores de edad sean trasladados a establecimientos penitenciarios, Vega señaló que actualmente la normativa establece su permanencia en los centros juveniles, aunque consideró necesaria una modificación del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente.
“Hoy tenemos jóvenes de 25, 26 y de 27 años con niños de 14 que deberían tener un tratamiento distinto en base a su nivel de riesgo”, sostuvo.
Explicó que el Pronacej plantea que, en el futuro, aquellos jóvenes mayores de edad que presenten un nivel de riesgo alto y considerando la infracción cometida puedan ser trasladados a un penal, si la legislación es modificada.
Oportunidades laborales
Como parte de este proceso, Vega informó que algunos jóvenes que cumplieron medidas socioeducativas han logrado incorporarse al mercado laboral.
“Nosotros tenemos jóvenes incluso laborando en el Pronacej en la sede central en Lince, jóvenes laborando en el Ministerio de Justicia, en las tiendas OXXO, en las tiendas Adidas, en los grifos”, señaló.
Agregó que la institución viene cerrando un convenio con Kentucky para que los jóvenes puedan trabajar con autorización judicial y regresar posteriormente al centro juvenil para continuar cumpliendo su medida socioeducativa.
Sin embargo, consideró que todavía son pocos los jóvenes que alcanzan este tipo de oportunidades y planteó la necesidad de una mayor participación del sector privado y de modificar la legislación para establecer tratamientos diferenciados de acuerdo con los niveles de riesgo.
Prevención
Finalmente, sostuvo que, además del trabajo de rehabilitación y reinserción que desarrolla la institución, es necesario fortalecer la prevención para evitar que más adolescentes ingresen al sistema de justicia juvenil.
“Pienso que debemos fortalecer la prevención primaria, porque nosotros aquí hacemos terciaria. Pero la prevención primaria es para aquellos jóvenes que están en la calle, y que no queremos que estén aquí o en un penal”, concluyó.
Publicado: 19/9/2026