Los retiros de los fondos de las AFP y la disponibilidad del 100 % de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) han sido utilizados –anteriormente– para el prepago de los créditos hipotecarios, señaló hoy la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).
“Ya esto ha ocurrido anteriormente y se usaron los recursos de la CTS y del fondo de AFP, sobre todo, para prepagar créditos hipotecarios”, manifestó el director ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia.
Cabe indicar que ya está vigente la ley que autoriza que todos los afiliados a las AFP puedan realizar el retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a 18,400 soles, así como la norma que aprueba la libre disposición del 100 % de la CTS hasta el 31 de diciembre del 2023.
“No sabemos cuál será el impacto ahora, hay cifras que son discrepantes respecto a cuánto es lo que finalmente se utilizarán de los recursos de la CTS y el fondo de las AFP”, sostuvo Guido Valdivia.
“Sin embargo, lo que sí está claro, por lo menos en el caso de las AFP, es que sería mucho más útil que los fondos previsionales sirvieran para financiar proyectos de inversión, dentro de los cuales podrían estar programas de vivienda, tranquilamente”, agregó.
El director ejecutivo de Capeco recordó que el objetivo principal de los fondos de las AFP es mantener una pensión para cuando las personas se jubilen.
“Pero en este momento la gente está hipotecando su vejez por obtener liquidez de corto plazo”, manifestó.
Créditos hipotecarios
Por otro lado, Guido Valdivia indicó que el desembolso de créditos hipotecarios creció 17.1 % en marzo respecto a febrero del presente año, aunque cayó 13 % en comparación con marzo del 2021.
“La contracción fue mayor en el segmento de créditos otorgados con recursos de las instituciones financieras (-16.8 %), pues los del Fondo Mivivienda solo fue de -0.7 %”, señaló.
El director ejecutivo de Capeco refirió que la participación del Fondo Mivivienda en el otorgamiento de créditos para vivienda se mantuvo en 27 % entre abril del 2021 y marzo del 2022.
“Para mejorar ello se requiere organizar todos los programas estatales de vivienda y desarrollo territorial, en áreas urbanas y rurales, así como el mejoramiento integral de barrios. Además, se necesita asegurar la sostenibilidad de los recursos que se les asignen para subsidios y créditos, para evitar cortes presupuestales que afectan la oferta y la demanda de vivienda social”, afirmó.