El presidente estadounidense, Joe Biden, promulgó este martes su plan de inversión en salud y clima que constituye una importante victoria política para los demócratas a menos de tres meses de las elecciones legislativas.
Se trata de la mayor inversión de Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático.
El texto prevé incentivos financieros para orientar la economía estadounidense hacia las energías renovables, limita el precio de algunos medicamentos y crea un impuesto mínimo de 15% para las grandes empresas.
"Un país puede transformarse. Eso es lo que está sucediendo ahora", declaró Biden en un discurso con tintes electorales, antes de firmar la reforma, bautizada "Ley de Reducción de la Inflación", en la Casa Blanca.
"Se trata del futuro. Se trata de aportar progreso y prosperidad a las familias estadounidenses", dijo. "Se trata de mostrar a Estados Unidos y al pueblo estadounidense que la democracia aún funciona".
Fruto de arduas negociaciones con la derecha del Partido Demócrata, la ley incluye la mayor inversión jamás realizada en Estados Unidos para el clima: 370.000 millones de dólares para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030.
El segundo apartado de este gran plan de inversión tiene como objetivo corregir parcialmente las enormes desigualdades en el acceso a la atención médica en Estados Unidos, en particular bajando el precio de los medicamentos.
Medicare, un programa público de seguros médicos para personas mayores de 65 años, podrá por primera vez negociar los precios de determinados medicamentos directamente con las farmacéuticas, y así obtener tarifas más competitivas.
Para financiar estas inversiones, la reforma prevé la adopción de una tasa impositiva mínima del 15% para todas las empresas cuyos beneficios superen los 1.000 millones de dólares.
Este nuevo impuesto se propone evitar que determinadas grandes empresas se acojan a exenciones fiscales que les han permitido pagar mucho menos que el baremo teórico.
Se estima que esta medida podría generar más de 258.000 millones de dólares en ingresos para el Estado federal estadounidense en los próximos diez años.
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