La ministra de la Producción, Rocío Barrios, dijo que le parece extraño que la acusación fiscal en su contra se dé justo cuando desde su sector promueve una lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de Instituto del Mar Peruano (Imarpe).
“Soy suspicaz como tus oyentes, no es coincidencia que en enero hemos emitido un decreto de urgencia a través del cual queremos ordenar la casa y estamos luchando contra la corrupción”, aseveró.
Entre las medidas que tomó en este Ministerio, según dijo en Exitosa radio, fue la separación y sanción de los funcionarios implicados en la licencia de pesca de un primo del excongresista Roberto Viera y la nulidad de los servicios de pesca otorgados indebidamente.
“En el Imarpe necesitamos fortalecer la institución, hay debilidad de gestión interna, se recibió denuncias por hechos que minimamente se deben investigar porque revisten indicios de comisión de delitos, procedo a investigar y en automático viene la acusación, no olvidemos que desde hace 15 días tengo un spot publicitario cada 15 minutos (sobre cuotas de pesca)”, afirmó.
Sostuvo que se enteró por los medios de comunicación que se había formalizado una acusación fiscal en su contra por el pago del mantenimiento de vehículos en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), trabajos que se hicieron sin orden de servicio por decisión de la administradora que la precedió en el cargo.
“No tenía conocimiento ni mi abogado, nos enteramos por los medios, debo entender que se dio en febrero (denuncia), pero he visto que es una resolución que se firma el 30 de enero, bastante raro”, apuntó.
Dijo, en es ese sentido, que, si bien como mujer de leyes no puede hacer aseveraciones sin pruebas, ha remitido todo este caso a la procuraduría para que formule las denuncias que corresponde y que también ha tomado conocimiento que la procuraduría anticorrupción ha hecho lo propio.
Indicó que la investigación por el pago de la reparación de vehículos en la PCM se inició hace cuatro años y hace tres años y medio fue convocada a declarar en esta investigación preliminar por el delito de omisión de acto funcional.
Precisó que cuando asumió sus funciones como administradora de la PCM, en noviembre de 2014, encontró una cantidad de servicios embalsados impagos por falta de previsión en la gestión anterior, lo que motivaron incluso la incautación de vehículos.
Explicó que un informe solicitado en su momento, dio cuenta en detalle de los servicios proporcionados por una empresa, razón por la cual reconoció la deuda aun cuando el servicio había sido proporcionado sin una orden de servicio.
“Firmé la resolución directoral reconociendo la deuda porque estaba dentro de mi competencia, es una figura legal en el Estado para esos casos, en base a eso la fiscalía erróneamente lo califica como peculado”, señaló.
Reiteró que ella no originó que se brinde un servicio sin la orden de servicio que corresponde sino que asumió esta contingencia y le dio una solución pidiendo además que se establezcan las responsabilidades del caso.
(FIN) FHG
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Publicado: 3/3/2020